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Reflexiones
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turno –no obstante su probada corrupción- y “echar” a otros por el pecado de investigar y cumplir su deber, o simplemente por no sentenciar conforme los deseos de los funcionarios de turno.
Será necesario depurar algunos fueros judiciales particularmente contaminados por la política, y en los que la corrupción, comportamientos impresentables y la arbitrariedad superan la capacidad de asombro de los justiciables.
Será necesario que la Corte Suprema recupere su rol de guardián supremo de la Constitución Nacional, y abandone las prácticas recurrentes de asumir compromisos con los gobiernos que designan a sus integrantes, cuando no de coordinar mal llamadas “políticas de estado” con los otros poderes.
Será necesario que el Poder Ejecutivo y el Congreso colaboren activamente en estos cambios, renunciando a las prácticas corrientes de “servirse” de los jueces y fiscales para perseguir a adversarios, asegurar su impunidad o “construir” su propio poder.
Será necesario modificar los códigos procesales y mejorar la organización y estructura judicial para que los procesos penales sean ágiles, transparentes y rápidos, y asegurar así una razonable proximidad entre los hechos delictivos y las condenas que se dicten.
Será necesario dictar leyes, que preservando la seguridad jurídica, permitan anular sentencias logradas a partir de la corrupción o la presión política, así como establecer la imprescriptibilidad de los delitos asociados a la corrupción y la eliminación del principio de la ley más benigna para esos delitos. También será necesario contar con normas más eficaces para que los funcionarios condenados por delitos vinculados a la corrupción deban restituir los frutos de sus ilícitos.
Pero además de todos estos cambios institucionales y normativos, también será necesario reducir drásticamente las oportunidades para la corrupción. Es indudable que cuando el funcionario tiene (o cree tener) en sus manos la potestad de aprobar o desaprobar un trámite, negocio, etc., éste tiene incentivos y mayores posibilidades de solicitar o exigir dádivas. Por ello, una regulación razonable, sin excesos (y/o la desregulación), tiende a disminuir la corrupción, aunque obviamente existirán siempre supuestos vinculados a actividades referidas a la ineludible misión estatal sobre los que se deberá actuar para desalentar, prevenir y penalizar con efectividad la corrupción.
Todo esto será imposible sin un gran y amplio acuerdo horizontal que involucre a todo el arco político, sin distinción de ideologías y la sociedad civil. |
