Reflexiones
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DEFINICIONES QUE SURGEN DEL “CASO NGUDJOLO”, DECIDIDO POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Control difuso, jurisdicción contenciosa y efectos de la sentencia. El caso “Rizzo”: un avance hacia la eficacia del control de constitucionalidad
El Digesto Jurídico Argentino con serias deficiencias
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: ¿SIEMPRE AUDIENCIA PÚBLICA?
La empresa B: La sociedad comercial del futuro ¿Podría ser encuadrada en nuestra actual Ley de Sociedades Comerciales?
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires prestará su auspicio al Premio al Liderazgo Sostenible de la Cámara de Comercio Argentino-Británica
Declaraciones
 


Director de La Revista:
Dr. José A. Martínez de Hoz (h)

La responsabilidad por las ideas expresadas en los trabajos
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N° 28.581 ISSN 0325-8955

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  Reflexiones
  La construcción de un Poder Judicial realmente independiente, eficaz y profesional exige mucho más que las declamaciones periódicas que estamos acostumbradas a oír.

Por de pronto, exige un cambio de actitud profundo de toda la sociedad, no sólo la política sino también la civil; un verdadero cambio “cultural”.

La sociedad política, debe dejar de ver a los jueces, fiscales y al Consejo de la Magistratura como parte del “botín” del poder, como un ámbito a “colonizar” a fin de que sirva a los intereses del gobierno de turno. Este cambio debe reflejarse por supuesto no sólo a nivel nacional, sino en todas las jurisdicciones del país.

Los integrantes del Poder Judicial deberán no solo sentirse fortalecidos y confiados en el cambio que les permita evitar las presiones y humillaciones (cuando no el temor a perder su trabajo y carrera profesional) que hemos visto en los últimos años, sino también, en muchos casos, dejar de lado la tentación de “usar la política” para progresar en sus propias carreras al abrigo del gobierno de turno. La sociedad civil, y en particular, los empresarios, deberán abandonar prácticas no infrecuentes de corrupción, y sumarse a un cambio que les permita resistir y denunciar intentos de corrupción en lugar de someterse a ellos, cuando no, promover o participar de esas prácticas.

En definitiva, la sociedad entera deberá procurar reducir drásticamente al umbral de tolerancia hacia la corrupción.

El camino será largo, y plagado de obstáculos, producto de una cultura de corrupción muy arraigada en nuestra sociedad, que ha venido acentuándose en forma permanente a punto de que cualquiera sea el período en análisis, probablemente podría decirse que “cualquier tiempo pasado fue mejor”.

El desafío reside en impulsar los cambios dentro del marco constitucional. No es que no sean necesarios cambios normativos –algunos importantes-, pero ningún cambio será eficaz si no existe un nuevo “contrato social” destinado a convertir en una Política de Estado prioritaria la lucha contra la corrupción y la creación de un Poder Judicial con las características mencionadas.

Será necesario mejorar los mecanismos de selección de jueces y fiscales, con el fin de prevenir y evitar las manipulaciones, irregularidades y arbitrariedades en los concursos de selección de magistrados, tendientes a elegir no los mejores, sino los “más confiables” al poder de turno.
Será necesario dejar de abusar del sistema de las subrogancias.

Será necesario, modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para que deje de actuar como un “teatro de operaciones políticas” tendiente a asegurar la permanencia de algunos magistrados fieles al régimen de
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