| |
¿Se puede combatir la corrupción? Quince frentes de ataque
Autor: Carlos Manfroni |
| |
responsabilidad autónoma, como el Banco Central, la AFIP y como debería ser la Oficina Anticorrupción y muchos otros, tendrían que ser encabezados por directores o directorios designados por el presidente, con acuerdo de mayoría especial del Senado y únicamente ser removidos por mala conducta mediante un complejo procedimiento.
El Poder Legislativo posee un alto grado de concentración debido a las “listas sábana”, que obligan a la gente a decidir entre partidos y no entre candidatos. El distrito uninominal —un solo candidato por cada pequeño distrito electoral— obliga a los legisladores a solidarizarse con sus electores, antes que con su partido. No se repetirían así casos como el de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires votando en favor de quitarle fondos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires para dárselos al Banco Nación.
En 1996, Newt Gingrich, jefe del bloque republicano y presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la que los republicanos tenían mayoría, fue sancionado por una leve falta ética con 300.000 dólares de multa, por una mayoría de 395 votos contra 28 diputados. Esto pudo suceder por el temor de los diputados a quedar mal parados frente a sus respectivos distritos electorales si se solidarizaban con su partido antes que con la opinión del público.
Y, por supuesto, el federalismo debe ser respetado seriamente; para lo cual las provincias y municipios deben contar con autonomía financiera auténtica, lo cual demanda una reforma a la ley de coparticipación, con un sistema bien distinto para la recaudación de impuestos.
Por otro lado, no sería improbable que algún día, mediante el esfuerzo conjunto de varios Estados, los organismos internacionales de crédito se decidieran a otorgar préstamos a las provincias sin el aval de la Nación, otra de las fuentes de extorsión del Poder Ejecutivo Nacional sobre los gobernadores provinciales.
Finalmente, ya se habló bastante del Consejo de la Magistratura y de los problemas que trajo su reforma en orden a la concentración del poder. Una reforma debería devolverle su vieja composición y así dificultar la influencia del Ejecutivo sobre los jueces.
Protección de los denunciantes
Un tema delicado, que demandan las convenciones internacionales, es la protección de los denunciantes. Esto exige, a su vez, contar con sistemas de seguridad confiables, un objetivo al que hay que aspirar para ser alcanzado en un plazo realista. Como mínimo y para comenzar, deberían ser protegidos administrativamente los funcionarios que denuncian actos de corrupción, mediante algún organismo existente, que podría ser la propia Oficina Anticorrupción o la Defensoría del Pueblo, de manera de evitar que sufran represalias en sus |
