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14/03/2014 - Declaración Pública
EL NUEVO CASO OYARBIDE: UN GRAVE ESCANDALO QUE PONE AL DESCUBIERTO CONDUCTAS IMPROPIAS E INACEPTABLES DE UN JUEZ DE LA NACIÓN
La declaración pública del Juez Federal Norberto Oyarbide reconociendo que dejó sin efecto un allanamiento, ordenado por él mismo, como consecuencia de una llamada de un funcionario del Poder Ejecutivo, patentiza de modo elocuente una situación institucional gravísima que resulta inadmisible y merece una rápida investigación y esclarecimiento en el ámbito del Consejo de la Magistratura y de la propia Justicia.
Lo cuestionable de la conducta del juez Oyarbide no se refiere a su opinión jurídica vertida en un pronunciamiento judicial, sino al ostensible incumplimiento de un deber propio de los magistrados que, además de la misión jurisdiccional de dictar sentencia, tienen a su cargo –en nuestro sistema penal- la actividad de investigación a los efectos de determinar la presunta autoría de un delito, que, en este caso, habría sido impedida por influencia de un funcionario público, nada menos que dependiente de la presidente de la Nación.
La situación es sumamente grave por lo que significa como confirmación de una sospechada práctica oficial de avasallar la independencia del Poder Judicial en causas que, por algún motivo, refieren a intereses de funcionarios públicos o amigos del gobierno de turno, más aún cuando se encuentra aún fresco el estupor de la ciudadanía frente al caso del fiscal Campagnoli quien fue suspendido de su cargo, precisamente, por investigar independiente e imparcialmente, una causa criminal que compromete al gobierno por los oscuros manejos de un empresario de Santa Cruz de estrecha relación con lo más alto del poder.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires exhorta al Consejo de la Magistratura para que con la celeridad que el caso merece procure preservar la independencia del Poder Judicial mediante la adopción de acciones dirigidas a restituir la confianza de la ciudadanía en la justicia frente a hechos que ciertamente la ponen en duda, así como a la Cámara Federal para que investigue la posible responsabilidad que les pudo caber a otros funcionarios dependientes del juez aquí cuestionado.
El Directorio
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