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Una revisión crítica del marco regulatorio de la radiodifusión
Autor: Alejandro María Massot |
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monopolio informativo público como sugeriría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Una de las prioridades del estado debería ser, justamente, evitar la creación de medios controlados o dirigidos por el gobierno de turno. Esto no quiere decir que el Estado deba desentenderse del asunto sino, por el contrario, debe fomentar la creación de un sistema de medios públicos federal y autónomo, capaz de balancear las posibles deficiencias de los medios privados en áreas tales como la información, la educación, la cultura y el entretenimiento.
Los recursos disponibles para el sector privado y los asignados por el presupuesto estatal para el sector público generan otra tensión entre concentración y capacidad de producción. No hay ejemplos internacionales de países relevantes en la producción de contenidos audiovisuales que hayan conseguido altos estándares de calidad en sus contenidos a partir de la multiplicidad extrema de operadores de servicios audiovisuales, sean éstos privados o estatales.
De hecho, a poco que se analicen casos bien conocidos como los de algunas productoras privadas latinoamericanas cuyos contenidos tienen amplia difusión en nuestro ámbito y el mundo (como Globo en Brasil o Venevisión en Venezuela), o exitosas productoras públicas (como la RAI y la BBC), caeremos en la cuenta que todos ellos surgieron a partir del reconocimiento de la necesidad de conformar economías de escala capaces de enfrentar el enorme desafío económico y técnico que implica la producción de contenidos audiovisuales que pueden suscitar el interés nacional e internacional.
Las soluciones para el sector pasan por la apertura a una competencia genuina que permita a quienes obtengan el favor del público afrontar aquellos altos costos de la producción de contenidos audiovisuales. Mientras que en el sector público deberá buscarse la construcción de un sistema eficiente, dimensionado de acuerdo a las posibilidades reales del presupuesto público.
No estamos diciendo que el sistema establecido por la derogada Ley de Radiodifusión no debía ser modificado ni tampoco estamos defendiendo la creación de monopolios de información privados. Lo que intentamos demostrar es que la solución propuesta por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no impide la creación de monopolios, sino que simplemente reemplaza los privados por otro estatal, con los riesgos que eso trae aparejados.
Es más, alejado de la realidad de los hechos, el nuevo régimen legal busca regular fuertemente al sector privado, desalentando inversiones a largo plazo y haciendo uso, paradójicamente, de las mismas instituciones regulatorias utilizadas por la denostada ley 22.285. Adicionalmente, y no satisfecho con la creación de un sistema de medios privados altamente segmentado, la nueva normativa distorsiona las reglas de mercado al poner al sistema privado en competencia comercial con el estatal, con el detalle que mientras grava fuertemente al primero, otorga al último la posibilidad de ingresos, subsidios y esquemas de operación que están vedados para el sector privado.
Como consecuencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la radiodifusión privada se transformará en un conjunto de pequeños medios sin capacidad económica alguna para llevar adelante los declamados objetivos de desarrollo |
