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LA QUERELLA DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL CASO PAPEL PRENSA: REFLEXIONES PRELIMINARES
Autor: Emilio J. Cárdenas. |
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filosofía plasmada en aquella tremenda frase -tan gráfica- del líder populista, cuando dijera: “para los amigos todo, para los enemigos ni justicia”.10
Por esto no sorprendió demasiado que las administraciones del matrimonio Kirchner pretendieran -de mil maneras- desplazar a sus dueños de la dirección de la fábrica más importante de papel para diarios de la República Argentina. Esto es, de “Papel Prensa”. Para enseguida reemplazarlos por sus esbirros en el manejo de esa empresa, aprovechando que el Estado Nacional tiene una participación minoritaria en la sociedad, de la que contractualmente debió haberse desprendido, lo que nunca hizo.
Al fracasar en estos intentos por apoderarse del manejo directo del abastecimiento de papel de diario (que, cabe destacar, ingresa sin aranceles ni derechos de importación a nuestro país) el gobierno nacional decidió iniciar lo que luce como una inédita aventura alternativa, bastardeando la cuestión de los derechos humanos sin rubor alguno. Siempre con el aparente doble propósito de intimidar y desacreditar a los dueños de la empresa y quedarse con la distribución de papel de diario para hacerla “selectiva”, dependiendo “de quién se trate”.
Los medios independientes presumiblemente volverían a tener apenas ocho páginas, como en tiempos del ex Presidente Perón. Los leales, todas las que, en cada caso, fueran necesarias.
Una insólita querella
Fracasados, uno tras otro, todos los intentos de apoderarse de la conducción de Papel Prensa, el gobierno nacional instruyó a su Secretaría de Derechos Humanos a que, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, promoviera una querella en sede penal contra (inter alia) algunos de los actuales directivos y ex directivos de los principales medios independientes de nuestro país que son accionistas, además, de Papel Prensa SA. Quizás como fórmula para demonizarlos y desacreditarlos, particularmente dura, por demás.
De conformidad con lo expresado por el gobierno nacional, se estaría frente a un presunto desapoderamiento ilegítimo de la empresa Papel Prensa S.A. respecto de quienes -en su momento- fueron sus propietarios.
Para las autoridades nacionales la conducta descripta calificaría como delito de extorsión, invocando al efecto el artículo 168 del Código Penal, que se refiere a quien, con intimidación, obligue a otro a entregar o poner a disposición cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos u obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.
Por esto sostiene que por medio de intimidaciones y amenazas se obligó a los damnificados a llevar adelante una operación que tenía como finalidad el despojo de sus bienes. Este despojo fue producto de una “voluntad mancomunada” de las autoridades de la “dictadura cívico-militar” y de los propietarios de los diarios, que unieron sus acciones para cometer los ilícitos. Esa “voluntad mancomunada” -sostiene- tipifica una “asociación ilícita”.
La imputación por la presunta apropiación ilícita de Papel Prensa S.A. y los delitos de asociación ilícita, extorsión, privación ilegal de la libertad, tormentos y muerte a causa de torturas apunta -primordialmente- contra Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo
10 Véase: Julio A. Ramos, “El Periodismo atrasado”, Fundación Gada, 1996, pág. 16. |
