| |
REFLEXIONES
Autor: Nota del Director |
| |
más allá de las dificultades para probar esta clase de acusaciones, las mismas revisten verosimilitud. Pero lo más preocupante fue la reacción “corporativa” de muchos de los legisladores, que sea por su lealtad con el oficialismo o por rencillas internas, bloquearon la investigación de las denuncias. Para peor se intentó justificar estas conductas como prácticas propias de la negociación parlamentaria.
No obstante el cambio de composición en el Congreso después de las últimas elecciones parlamentarias, la oposición no logró aprobar cambios en el mecanismo de los DNUs, los superpoderes presupuestarios y en el Consejo de la Magistratura. Esto es también preocupante, porque los tres casos citados, son algunos de los instrumentos más eficaces de los que se ha valido el gobierno para concentrar poder, suprimir el federalismo por vía de restricciones y “favores” presupuestarios condicionados y presionar a los jueces. A título de ejemplo, a fines de noviembre a través de un DNU el gobierno amplió los gastos del presupuesto del 2010 en más de 30 mil millones de pesos sin intervención del Congreso. Con ello se confirmó una práctica que viene utilizándose desde el 2004 de subestimar los recursos fiscales para luego aplicar los excedentes a discreción del Poder Ejecutivo.
Un destello de esperanza para una mejora institucional surgió del resultado de las elecciones para elegir los representantes de los jueces y abogados ante el Consejo de la Magistratura Nacional. Allí triunfaron claramente los candidatos no oficialistas, con lo que el gobierno ha perdido la mayoría automática en ese cuerpo.
Los mismos resultados se repitieron en la elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los comicios de la Asociación de Magistrados donde triunfaron los candidatos no oficialistas. Es de esperar que este cambio redunde en preservar la independencia de los jueces, impidiendo la utilización del Consejo de la Magistratura para desplazar a quienes no cedan a las presiones del gobierno de turno. También es imprescindible mejorar la calidad de la justicia en los procesos de selección de magistrados y en el apartamiento de quienes aceptaron convertirse en instrumento de corruptela y/o persecución pública.
Otro síntoma de degradación
El escándalo de los veinte mil correos electrónicos desvinculado al ex – Secretario de Transporte Jaime tiene una serie de implicancias que trasciende la investigación judicial.
En primer lugar, el desparpajo con el cual se habla en dichos correos electrónicos sin eufemismos de “costos políticos”, coimas y contribuciones a la campaña electoral, sumado a la utilización de las computadoras del organismo oficial, es revelador del grado de impunidad con que se desarrolló esta operatoria a través de varios años.
Por otra parte, la magnitud de las sumas, y la diversidad de los “negocios” en que se habrían exigido y obtenido pagos ilegales, junto a invocación de instrucciones y “encargos” del máximo nivel político, es indicativo de una cadena de complicidades que confirmaría que no se trataba de una práctica aislada sino de un sistema de gobierno para recaudar fondos para objetivos políticos y enriquecimiento personal. Lo ocurrido es mucho más que en un episodio. No sólo es inmoral por crearse un sobrecosto inmenso que pagan todos los argentinos para beneficio de quienes abusan de sus cargos en un país donde la pobreza y las necesidades son evidentes. Es también reveladora la forma en que se ha tergiversado y deformado la política y el concepto de función pública, que esta siendo convertida en un negocio. |
