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REFLEXIONES
Autor: Nota del Director |
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También fue elocuente la fría respuesta de los sectores empresarios invitados a participar del escenario montado en Casa de Gobierno para anunciar la presentación de un informe oficial y la denuncia judicial.
La importancia institucional de estos dos casos trasciende las incidencias judiciales ya que se trata de intentos planificados para suprimir cualquier atisbo de oposición en los medios de comunicación y someter al resto. Es aún incierto el desarrollo futuro de ambos casos y el empeño que pondrá el gobierno en utilizar estos casos para hostigar a los medios. No obstante acaba de anunciarse la creación de una “Unidad Especial de Investigación” de delitos de lesa humanidad con “carácter económico” dentro de cuyo objetivo se incluye el caso Papel Prensa. Además, el gobierno insiste en pedir la intervención de Papel Prensa y a instancias del Poder Ejecutivo un nuevo juez interviniente del fuero penal económico acaba de allanar la sede de esa empresa.
En paralelo, la ciudadanía asistió atónita a una serie de exabruptos y ataques de la Presidenta, algunos de sus ministros y colaboradores cercanos y grupos de presión afines al gobierno, a la Corte Suprema con motivo de tres fallos que molestaron al Poder Ejecutivo. Uno de ellos fue le que ordenaba restablecer en sus funciones al ex – fiscal de estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Sosa, desplazado ilegalmente de sus funciones en 1995, intimando al cumplimiento de una serie de sentencias que han sido ignoradas y desobedecidas por más de una década.
El otro caso se vinculó a la aplicación por la Corte de la jurisprudencia pacífica de no abrir el recurso extraordinario en relación a medidas cautelares por no revestir éstas el carácter de sentencia definitiva. La cuestión no debió haber deparado sorpresas ni comentarios particulares de no haber sido que esta decisión frustró los intentos del gobierno de revocar una medida cautelar que había suspendido la aplicación de un artículo de la nueva ley de medios de difusión que exigía a las empresas la venta forzada de algunos de sus medios en el plazo perentorio de un año. Esta nueva ley que comentamos en un número anterior de esta revista fue también un instrumento de laestrategia gubernamental para controlar los medios de difusión.
El tercer caso se trató de un fallo de la Corte que declaró procedente la extradición del ex – guerrillero chileno Apablaza que reclamaba Chile por homicidio y terrorismo, lo que impulsó al gobierno a desconocer lo resuelto por la Corte y concederle asilo político.
De cualquier manera, la reacción inusitada y colérica del gobierno contribuyó ciertamente a exacerbar el ambiente de crispación existente y a vapulear a nuestra ya debilitadas instituciones. El Secretario Legal y Técnico de la Presidencia llegó a decir “no pusimos a la Corte para esto” y el Jefe de Gabinete defendió el derecho de la Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo de usar expresiones agraviantes para los miembros la Corte.
Continúa el deterioro institucional
El fallecimiento del ex–Presidente Kirchner abrió un paréntesis de duelo y de esperable y comprensible solidaridad de los diferentes sectores del país y de la oposición hacia la Presidente. No obstante ello, el proceso de degradación institucional no parece haber alterado su curso ni su pendiente de declinación.
Son varios los ejemplos, aún en el corto período de los dos últimos meses.
En el ámbito parlamentario, se produjo otro escándalo por las denuncias de presuntos sobornos para obtener la mayoría necesaria para aprobar el proyecto oficial del presupuesto 2011. La cuestión reviste particular gravedad. En primer lugar, porque |
