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DECLARACIONES PÚBLICAS
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Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados reunidos en la aquella oportunidad, condenó estos graves atentados contra la independencia judicial y la vida democrática argentina, manifestando no sólo su solidaridad con los magistrados federales argentinos, sino también recomendando a las autoridades pertinentes el resguardo necesario que asegure el pleno ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
Los acontecimientos demuestran que el Poder Ejecutivo Nacional lejos de haber receptado aquella recomendación ha persistido en conductas que afectan la independencia del Poder Judicial.
Debe señalarse que ante el Consejo de la Magistratura de la Nación aproximadamente el veintitrés por ciento de los magistrados nacionales tienen investigaciones en curso por presuntos errores o hechos de corrupción que podrían terminar con sus carreras. En el orden de 210 jueces se encuentran cuestionados por ese cuerpo a partir de las investigaciones de las que son objeto ante el mismo, muchas de las cuales deberían resolverse sin demora para evitar mantener así en vilo a los magistrados involucrados en investigaciones que se prolongan abiertas.
La preocupación por revertir la lentitud de la Justicia es un bien al cual aspira nuestra sociedad, debe ser general y no utilizado como un arma ideológica o de venganza. Pretender el enjuiciamiento de Magistrados, para someterlos por esta vía a un indebido control político implica lisa y llanamente coartar la facultad de interpretación inherente a la función judicial y ataca de raíz la independencia de ese Poder.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, manifiesta que en el Estado de Derecho nada puede justificar la presión a la Justicia a través de someter a sus integrantes a reprimendas públicas y amenazas de remoción en caso de no actuar conforme a los designios oficiales.
Héctor Huici
Secretario | Enrique del Carril
Presidente |
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