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REFLEXIONES Por Nota del Director
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No es la primera vez que he discurrido en esta columna sobre la progresiva degradación institucional que viene sufriendo la Argentina.
En realidad, preferiría no sentir la necesidad de referirme más a esa penosa situación, o al menos, hacerlo con elementos o tendencias positivas.
Los últimos meses han estado signados por la campaña electoral que ha rebasado las características propias de una elección legislativa de medio término. Dicha campaña que acaba de concluir no ha contribuido precisamente a mejorar la calidad institucional del país.
Por empezar, las elecciones no fueron realizadas en el mes de octubre como hubiera correspondido según las reglas de juego vigentes, sino que fueron adelantadas casi cuatro meses fundadas en especulaciones políticas que poco tienen que ver con objetivos de largo plazo de calidad institucional y credibilidad que un sistema de gobierno exige para ser estable y predecible.
A ello se agregaron algunas corruptelas que por novedosas no dejan de ser particularmente dañinas. Me estoy refiriendo obviamente a las llamadas candidaturas “testimoniales” y al hecho de que se hubiera promovido, y para peor admitido, que participaran como candidatos a legisladores personas a quienes les está vedado por la propia Constitución Nacional ejercer el cargo por el cual se postularon. Tal es el caso, del actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que se presentó como candidato a diputado provincial no obstante la existencia del artículo 73 de la Constitución: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando”. |