REFLEXIONES
LESA HUMANIDAD: LA DOCTRINA MAL CITADA
LA DEUDA INSTITUCIONAL
ACONTECIMIENTOS LEGISLATIVOS, JUDICIALES Y POLITICOS QUE EXPLICAN LA REALIDAD LABORAL ARGENTINA.
VERDADEROS ALCANCES DE LA LEY DE ABASTECIMIENTO
CONSUMO EN EXCESO DE ALCOHOL POR NUESTROS JÓVENES.
ARGENTINA. LA PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN PETROLERAS Y LA NECESIDAD DE INVERSIONES EN BÚSQUEDA DE MAYORES RESERVAS DE HIDROCARBUROS.
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE TRABAJO PROBONO PARA EL CONTINENTE AMERICANO
DECLARACIONES PUBLICAS
 


Director de La Revista:
Dr. José A. Martínez de Hoz (h)

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N° 28.581 ISSN 0325-8955

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  REFLEXIONES
Autor: Nota del Director
  La demora en el nombramiento de nuevos magistrados (hay alrededor de 200 vacantes sin llenar) manteniendo en el interin a los jueces “en comisión”, y sujetando su futura designación a una especie de “aprobación” de sus fallos por parte de quienes en los hechos tienen la facultad para bloquear su nombramiento, ciertamente no contribuye a mejorar el funcionamiento ni la independencia de la Justicia. Si a ello seagrega la perniciosa y reiterada práctica del Poder Ejecutivo y algunos desus ministros de criticar públicamente las decisiones judiciales y pedir laremoción de jueces, el panorama se presenta como preocupante.

En los inicios de la gestión del Presidente Kirchner se dictó el decreto Nº 222/2003 que constituyó un paso positivo a mejorar el proceso de selecciónde los integrantes de la Corte Suprema. Mediante este mecanismo el Poder Ejecutivo autoreguló su facultad de designar a los integrantes de la Corte Suprema, creando un proceso que da lugar a la presentación pública
del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo y cierta participación ciudadana y de las ONGs en el análisis de las candidaturas y la formulación de comentarios a la misma.

Lamentablemente el propio Poder Ejecutivo no cumplió acabadamente con el régimen establecido por él mismo, por cuanto en ocasión de las dos últimas vacantes producidas en la Corte Suprema, en forma inexplicable, demoró sin justificación la propuesta de nuevos candidatos. Ello dio lugar a una serie de suspicacias respecto de las intenciones políticas subyacentes, máxime cuando el Poder Ejecutivo había promovido abiertamente la destitución y/o renuncia de cinco miembros del Máximo Tribunal en su composición anterior.

Este proceso culminó con el dictado de una ley en el año 2006 que redujo a cinco el número de miembros de la Corte, e incluyó un régimen transitorio, conforme al cual en un primer momento, su número se reduce a siete (su número actual), luego, al producirse la primera vacante se reducirá a seis, y finalmente al producirse la siguiente vacante, a cinco. Esta reducción se hizo con el argumento que el tribunal funcionaría en forma más ágil y eficaz con un menor número de integrantes.
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