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ESTADO DE DERECHO Y DESARROLLO ENERGÉTICO
Autor: Pablo Rueda, María Eugenia Pardo, Laura V. Cecchini |
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Estado de Derecho es el respeto de la ley por parte del gobernante. El Estado de Derecho exige que los gobernantes no se crean “dueños” del Estado y reconozcan que el ordenamiento normativo, con su estructura y jerarquía, los preexiste y debe ser respetado.
La historia del sector de producción de gas natural entre los años 1989 y 2006 ratifica la teoría económica descripta precedentemente y enseña claramente que la violación del Estado de Derecho por parte del gobierno, tiene como efecto la reducción de inversiones y el incremento de la tasa de descuento utilizada para estimar la rentabilidad de las inversiones en el sector.
Las inversiones en el sector energético, particularmente a partir de la globalización de la economía, provienen de empresas multinacionales, ya sean estatales o privadas. Por ello sus decisiones de inversión en los distintos países en donde operan, dependerá en gran medida del factor de riesgo atribuido al sistema jurídico de cada país. En otras palabras, en la probabilidad de que el oportunismo político se aproveche de los ingresos futuros que genere su inversión presente.
La bonanza económica general de la Argentina de estos últimos años, se origina en gran medida en la billonaria transferencia de ingresos correspondientes a los inversores en el sector energético argentino, hacia el gobierno argentino, industrias y consumidores residenciales28. Tal transferencia, más allá de su atractivo impacto de corto plazo en la economía, resulta en una grosera violación del Estado de Derecho por parte del gobierno, que afectará sin lugar a dudas el bienestar de los argentinos en el mediano y largo plazo. Esto es así ya que como hemos visto, el costo
28. Sólo con la imposición de retenciones a las exportaciones, se produjo una transferencia de riqueza de los productores de crudo y gas natural, a los consumidores, de US$6.8 miles de millones, desde 2002 a la actualidad. Tomando sólo el sector del gas natural, para el período enero de 2002 – diciembre de 2006, se estima una transferencia de riqueza de los productores al sector público y consumidores de aproximadamente US$1.868 millones. Entiéndase que, amén de evitar una transferencia ilegítima de riqueza de un sector a otro, los mayores ingresos que por vía de recaudación impositiva el gobierno ya podría haber obtenido sobre una mayor base imponible de haber permitido que los precios y tarifas alcanzaran valores de equilibrio, hubieran permitido holgadamente hacer frente a políticas gubernamentales tendientes, por ejemplo, a subsidiar a los consumidores residenciales de bajos ingresos. |
