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Reflexiones Por Nota del Director
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La Argentina enfrenta grandes desafíos luego del resultado de las últimas elecciones presidenciales y legislativas que otorgaron al oficialismo un triunfo aplastante. No sólo la Presidente obtuvo su reelección sino que a partir de diciembre del 2011 por vía del partido gobernante más sus aliados, dispondrá de quórum propio en ambas Cámaras del Congreso. Esto implica una mayor concentración de poder que el existente en los últimos años.
En cualquier país, el hecho que un presidente inicie un mandato en base a una mayoría electoral del 54% más el control legislativo, crea una situación que, en ausencia de frenos institucionales, es susceptible de derivar en abusos o intentos hegemónicos. Estos riesgos se incrementan en la Argentina debido a la manifiesta debilidad de nuestras instituciones, incluyendo la ausencia de un poder judicial independiente, y a la enorme dispersión de los partidos de la oposición.
A ello se agregan los ataques que vienen sufriendo los medios de prensa y comunicación independientes, con episodios de agresiones físicas personales a algunos periodistas, los embates a los que son sometidos regularmente por el denominado periodismo “militante” que promueve el gobierno, el manejo discriminatorio de la publicidad oficial a favor de medios afines, y la aplicación de la nueva ley de medios como instrumento para neutralizar o debilitar a los medios considerados opositores.
Resulta elocuente la difusión reciente en una página web del gobierno de un relevamiento sobre la posición de más de quinientos medios de difusión y su relación con el gobierno, según su distribución geográfica. Dicho informe (cuya difusión tuvo muy escaso tiempo) identificaba como afines al gobierno o generalmente de acuerdo con las posiciones oficialistas a más del 95% de los diferentes medios a lo largo y ancho del país.
La existencia de miles de radios que al amparo de la tolerancia de los reguladores operan sin licencia y que tapan o dificultan la audición de las radios en regla, sumado a los avances del gobierno en construir una especie de multimedios oficialista, completa este panorama desalentador.
A esta delicada situación, se suma la del Poder Judicial. Poco después de conocerse el resultado electoral, y aún antes de iniciarse el nuevo período presidencial, cuatro integrantes de la Cámara de Casación de la Capital Federal renunciaron a sus cargos. Estos jueces de larga trayectoria, considerados por el gobierno como no afines, renunciaron invocando motivos personales, aunque la percepción generalizada es que les resultaba intolerable continuar soportando presiones para que renunciaran, y su persistencia en el cargo los exponía a perder sus jubilaciones en caso de ser removidos. Algo similar ocurrió con un integrante de la Cámara penal de San Martín y un juez federal de San Isidro, que era criticado por no haber sustentado las posiciones propiciadas por el gobierno en un caso políticamente sensible (caso Noble). |
