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AUTARQUÍA FINANCIERA DEL PODER JUDICIAL: LA MADRE DE TODAS SUS REFORMAS
Autor: Fernando R. Frávega |
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declamación en actitudes que, tanto jurisdiccional como legislativamente, promuevan de un modo efectivo su plena vigencia.
La presente integración de la CSJN, ha adoptado una postura pública de reclamo por la autarquía del Poder Judicial de la Nación.
Las entidades intermedias y profesionales del sector, se han expresado en favor de exigir la independencia del Poder Judicial y, consecuentemente, de resguardar su autonomía financiera. También han contribuido a la toma de conciencia de la sociedad respecto de la relación directa entre la restricción de recursos financieros con la ineficiencia operativa estructural que se endilga a la Justicia.
Existen programas de reforma elaborados por la Corte Suprema (entre otros, sistema edilicio; informático y administrativos) que no se ejecutan o sólo lo hacen de modo parcial por falta de financiamiento, y, otros tantos, que ni siquiera se explicitan por la misma razón.
La independencia del Poder Judicial, encuentra relación directa con la posibilidad de contar con recursos suficientes y de plena disposición por parte de la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial de la Nación.
La disponibilidad de recursos financieros favorece la optimización de los recursos humanos, su profesionalismo, la eficiencia de las facilidades administrativas, de infraestructura y de sistemas que conforman el Poder Judicial de la Nación.
La sustentabilidad en el financiamiento del programa de gobierno que elabore la Corte Suprema, exigirá un mayor grado de compromiso en la magistratura por la búsqueda continua de la excelencia en la gestión del servicio a su cargo y la capacitación permanente de sus miembros.
El resguardo de la autarquía financiera del Poder Judicial de la Nación, debe ser reconocida legalmente, en observancia de los principios constitucionales respectivos.
El afianzamiento de la justicia en la República Argentina es una asignatura pendiente. La autarquía financiera del Poder Judicial, es el camino de inicio para optimizar la inversión pública en la materia. A partir de su plena vigencia, se iniciará un largo y postergado proceso: El de introducir los cambios de gestión y de organización necesarios para alcanzar la reforma y modernización de nuestro sistema judicial. |
