REFLEXIONES
EL “TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL” SIGUE DESARROLLANDO EL “DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”
INVERSIONES EXTRANJERAS MENGUANTES
EL PODER PARA GASTAR Y EL PODER PARA RECAUDAR FONDOS FEDERALES DEBEN ESTAR REGIDOS POR LAS MISMAS NORMAS CONSTITUCIONALES: AMICUS CURIAE CONTRA LA LEY 26.124
LEY DE ABASTECIMIENTO (L. 20.680)
COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN MATERIA TRIBUTARIA. LIMITACIONES A LA MISMA. JURISPRUDENCIA RELEVANTE E INCERTIDUMBRE QUE PLANTEA
MOTIVACIONES DEL “TRABAJO PRO-BONO”
CASSABA: AUSENCIA DE LEGITIMIDAD DE ORIGEN Y CONTROL DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO. ELEMENTOS RELEVANTES PARA IMPULSAR LA DEROGACIÓN DE LA LEY 1181.
DECLARACIONES PUBLICAS
 


Director de La Revista:
Dr. José A. Martínez de Hoz (h)

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N° 28.581 ISSN 0325-8955

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  El CACBA insta a preservar la independencia de los poderes Legislativo y Judicial

En nuestro país se está planteando una situación delicada signada por reclamos de sectores que han desencadenado enfrentamientos que tienden a agudizarse y que sólo el buen funcionamiento de las instituciones políticas pueden canalizarlos a través del cumplimiento de la ley y la vigencia del Derecho.

En ese contexto el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires insta al oficialismo actualmente en el Poder a preservar y respetar la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial a fin de que puedan cumplir las funciones que les asigna nuestra Carta Fundamental.

En el seno del Poder Legislativo sus integrantes deben tomar conciencia que son representantes de las Provincias y del Pueblo de la Nación por lo que no deben lealtad a nadie que no sea el electorado que los votó, cuyos intereses representan y que deben tener prioridad sobre los del partido o sector político que los llevó a los cargos que ocupan.

En cuanto al Poder Judicial es preocupante que el propio presidente de la Asociación de Magistrados haya denunciado presiones del Poder Ejecutivo sobre los jueces y falta de firmeza de éstos para resistirlas. Ello se ve agravado por conductas de representantes en el Gobierno que claramente se dirigen a construir una Justicia adicta.

Así en el seno del Consejo de la Magistratura –órgano constitucional instaurado para introducir criterios técnicos en la selección y remoción de jueces- luego de la reforma de la ley que otorgó primacía al sector político, se están desarrollando acciones tendientes a anular concursos porque su resultado no satisface a quienes representan al gobierno de turno y a sancionar un reglamento de selección en donde se establece la posibilidad de realizar un filtro previo de los aspirantes a intervenir en los concursos por parte de los integrantes de la comisión de selección, sin establecer claramente los criterios a que tal atribución debe sujetarse. Asimismo se propone eliminar el anonimato en las pruebas de oposición el cual es una garantía para evitar favoritismos en la corrección. En cuanto a la remoción lo sucedido con los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal acusada de mal desempeño por demorar causas y que, a raíz de esto, dos de sus miembros renunciaron para acogerse a la jubilación antes que se finalice la investigación sumarial a cargo de uno de los consejeros, muestra claramente la intención de presionar a quienes no responden a los designios del sector político gobernante.

El oficialismo debe comprender que con estas maniobras contribuye al descrédito del Poder Judicial frente a la ciudadanía y, de esta forma, alienta las medidas de hecho por parte de los sectores que legítimamente consideran violadas sus garantías constitucionales por medidas del Poder Ejecutivo y no pueden canalizar su protesta por las vías institucionales.

Héctor Huici
Secretario
Enrique del Carril
Presidente
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