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EL PODER PARA GASTAR Y EL PODER PARA RECAUDAR FONDOS FEDERALES DEBEN ESTAR REGIDOS POR LAS MISMAS NORMAS CONSTITUCIONALES: AMICUS CURIAE CONTRA LA LEY 26.124
Autor: Eduardo Baistrocchi y José A. Martínez de Hoz (n) |
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de acuerdo con esta Convención al goce u ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.”
De acuerdo con el principio de legalidad, los derechos constitucionales de las personas solamente pueden ser limitados o restringidos por leyes formales, es decir, por aquellas normas emanadas del Poder Legislativo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”), al interpretar el alcance del concepto “leyes” empleado en el artículo 30 de la CADH, ha dicho en forma coincidente que: “[…] la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de los cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución”. Asimismo, la CIDH ha manifestado que lo anterior “[…] no se contradice forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones estén autorizadas por la propia Constitución, que se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada esté sujeto a controles eficaces, de manera que no desvirtúe, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el carácter fundamental de los derechos y libertades protegidos por la Convención”..16
Como puede apreciarse de los considerandos transcriptos, el concepto de “ley” al que se refiere el artículo 30 de la CADH no se contradice en términos con el principio de la delegación. Sin embargo, dicho traspaso de responsabilidades, en principio privativas del Poder Legislativo, sólo estará permitido en la medida en que esté sujeto a condiciones que, en virtud de las consideraciones vertidas en las secciones previas de este artículo, lejos se encuentran de estar cumplidas en el caso del artículo 1° de la Ley 26.124. |
