REFLEXIONES
EL TERRORISMO COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESTADO DE DERECHO Y DESARROLLO ENERGÉTICO
LAS PROYECTADAS REFORMAS A LA LEGISLACIÓN LABORAL: A LA ALTURA DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA ACTUAL O HACIA UN NUEVO RETROCESO?
LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA
DECLARACIÓN PRO BONO
BORRADOR DECLARACIÓN PRO BONO
RESUMEN BIBLIOGRÁFICO
DECLARACIONES PUBLICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 


Director de La Revista:
Dr. José A. Martínez de Hoz (h)

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N° 28.581 ISSN 0325-8955

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  DECLARACIONES PUBLICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
  El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestiona la ley sancionada que reestructura la unidad de investigación financiera
(27-07-06)

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advierte que la reciente ley de reestructuración de la Unidad de Información Financiera (“UIF”), no contribuye al fortalecimiento de las instituciones de la República ni a la seguridad jurídica del país, principios esenciales de la Nación que no pueden subordinarse al propósito de mayor ejecutividad de dicho organismo, por plausible que pudiera resultar dicho objetivo. El 14 de Junio pasado, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó -sobre tablas y sin debate previo en la Comisión de Justicia- el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, referido a la integración de la UIF. El proyecto, que fue, aprobado por el Senado de la Nación en su sesión del 12 del corriente por lo que será convertido en ley próximamente, no contempla una estructura orgánica que permita asegurar la constitución y desempeño de una entidad independiente y autárquica, tal como lo exigen las sugerencias internacionales en la materia, como el Grupo Egmont de Unidades de Información Financiera.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta que resulta cuestionable que la UIF continúe desempeñando su función dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, cuando -para preservar su indispensable independencia, en aras del mejor funcionamiento-, debió haberse aprovechado su reorganización para insertarlo como parte del Ministerio Público o del Poder Judicial, o de un organismo autárquico como podría ser el Banco Central. La designación -y también remoción de su presidente- por el Poder Ejecutivo, secundado por un Consejo Asesor de consulta obligatoria pero de opinión no vinculante, cuyos vocales serán además designados sin pasar por un concurso interno en las áreas gubernamentales que los propongan, confirma el cuestionamiento realizado. Más aún cuando se advierte que por la ley aprobada, a más del amplio margen de maniobra e
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