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Terrorismo islámico. La Argentina incumple Convenciones Internacionales. Cosa juzgada irrita
Autor: Carlos Manfroni |
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El fiscal Alberto Nisman no sólo no había querido adherir a la parodia que significaba el “Memorándum de Entendimiento”, sino que, una vez frustrados los intentos de llevarla a cabo, la denunció ante la justicia y se aprestaba a presentar, con más datos, la denuncia política ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, a la que había sido citado por su presidente, la diputada Patricia Bullrich. Podemos razonablemente suponer que, después de años de investigación y participación en foros internacionales, el fiscal Alberto Nisman —como ya él mismo lo había anticipado— estaba en condiciones de revelar secretos sumamente comprometedores de la relación envenenada entre la República Islámica de Irán y los países socios del gobierno argentino en América, así como de las vinculaciones con funcionarios del propio gobierno argentino, algunas de las cuales ya habían sido anticipadas en su presentación judicial.
Como ya se sabe, Nisman apareció muerto horas antes del día en el que se aprestaba a concurrir al Congreso para prestar declaración.
Hasta aquel momento, el terrorismo islámico había perpetrado en América atentados masivos y extremadamente cruentos, como el de la Embajada de Israel en Buenos Aires, el de la AMIA, y el de las Torres Gemelas, en Nueva York. Sin embargo, el atentado individual había sido privativo de las organizaciones terroristas de los ’70, como ERP, Montoneros y otras de menor envergadura, pero no menos sanguinarias. Si el fiscal Nisman hubiese sido asesinado por una célula del terrorismo islámico —con o sin cobertura de su acción por parte de las autoridades argentinas—, esto constituiría una novedad, al menos frente a los hechos históricos que hasta el momento han sido revelados.
La muerte de Nisman podría compararse con el asesinato de Georgio Ambrosoli, el auditor contratado por la justicia italiana para investigar la trama financiera de Michele Sindona, un banquero siciliano ligado a la mafia y cuya red de bancos en su momento sirvió, no por casualidad, a las organizaciones terroristas de Medio Oriente. La diferencia, hasta ahora, consiste en que Sindona terminó siendo encarcelado, el 13 de junio de 1980, por el juez Thomas Griesa, el mismo que hoy suscita la ira del gobierno argentino.
Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, su denuncia —que involucraba nada menos que a la presidente de la Nación y a su canciller, entre otros, por el delito de encubrimiento— pasó a la justicia federal para ser investigada.
El fiscal de primera instancia decidió impulsar la instrucción, pero el juez Daniel Rafecas no sostuvo su criterio y archivó la denuncia, decisión que fue después avalada por la Cámara.
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