Reflexiones
La crisis actual de nuestras instituciones
Una revisión crítica del marco regulatorio de la radiodifusión
Las corporaciones multinacionales frente a la FCPA y otras legislacione
La prueba en el Arbitraje
La importancia de llevar el Pro Bono a las Universidades
Declaraciones Públicas
 


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N° 28.581 ISSN 0325-8955

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  La crisis actual de nuestras instituciones
Autor: Alberto B. Bianchi
  Asimismo, en algunos casos, la desobediencia puede convertirse en amenaza a los jueces díscolos. La Presidenta jamás lo haría en persona, pues para ello está Guillermo Moreno, un Secretario de Comercio Interior que para cumplir sus cometidos utiliza la misma violencia física y verbal que emplearía el director de una prisión para reprimir un motín con fuga de presos.

Recordemos las intimidaciones de Moreno al juez de la quiebra en el caso Papel Prensa, que oportunamente fueron denunciadas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en su declaración pública del 23-09-2010.

3. La regulación económica mediante “acto intimidatorio telefónico”

En las universidades se estudia intensamente el fenómeno de la “regulación económica”, pero en la Argentina ya no necesitamos de la complejidad jurídica que la misma tiene en otros países. La hemos superado.

Aquí, esta disciplina se concreta de manera mucho más simple bajo la forma del “acto intimidatorio telefónico”, utilizado por el ya mencionado Secretario de Comercio Interior, quien diariamente pretende regular el curso de la economía por medio de llamados telefónicos en los cuales intimida a empresarios y operadores económicos a hacer o no hacer según los dictados de su más estricta discrecionalidad, sin parar mientes en los compromisos previos adquiridos por éstos frente a terceros, ni las consecuencias que su incumplimiento les pueda ocasionar. La “razón de Estado” es mucho más importante que todo ello.

“Liquidame ya esas exportaciones que tenés pendientes” o bien “Pará los pagos de importaciones, patealos una semana”, son algunas de las órdenes que vocifera Guillermo Moreno como si fuera un sargento que se dirige a su tropa.32

Es obvio que en el corto plazo el Secretario de Comercio generalmente logra sus objetivos, pues la orden telefónica tiene dos ventajas: (a) no es recurrible, pues no queda por escrito y (b) se desconoce qué sanción podrá ser aplicada frente a su desobediencia, pues no está legislada. Sin embargo, en el largo plazo, estos procedimientos rudimentarios y castrenses aplicados en el mundo de los negocios, son devastadores por la inseguridad y desconfianza que generan, en particular cuando, lejos de ser ocasionales o nacidos de una necesidad urgente y puntual, se transforman en un estilo de conducción cotidiano.

Para nosotros, como abogados, representan la encarnación más típica de la antijuridicidad, pues es imposible preverlos ni elaborar una defensa racional de los mismos. Es como si las leyes, los contratos y la jurisprudencia hubieran sido reemplazados súbitamente por una suerte de código fundamentalista, que ni siquiera está escrito. Se trata, sin dudas, del peor escenario posible para el Estado de derecho.

32 Véase diario La Nación de fecha 20-11-2011, artículo titulado Los “aprietes” de Moreno para
controlar el dólar, en p. 12.
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