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Estado Fallido y Estado enemigo. Notas sobre la persecución institucional a los ciudadanos
Autor: Carlos A. Manfroni |
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siempre, un robo. La realidad fue la utilización de esos fondos con fines políticos o subsidios corruptos a grupos económicos. Con el mismo espíritu, convirtió en pesos, en perjuicio de los depositantes privados, los depósitos que ellos tenían en cuentas en dólares en los bancos, a pesar de la existencia de una ley de intangibilidad de esos depósitos, mediante la que el Estado, previa y fraudulentamente, les había inducido a creer que sus divisas nunca podrían ser afectadas. Las posiciones a adoptar en orden a este tema definieron, en la realidad, la expulsión de miembros de la Corte Suprema de Justicia, en una purga sólo comparable en el mundo, a la de regímenes que expresamente renegaron de la democracia, durante el siglo pasado. Para completar la estafa a los ciudadanos, el gobierno despidió, sin facultades para hacerlo, a antiguos empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de manera de poder manipular a su gusto el índice de precios y así pagar menores dividendos a los tenedores de títulos ajustables por esa variable; es decir, a los acreedores particulares del Estado.
También continúa la confiscación de la propiedad por vía de las retenciones al agro, una tributación doble que despoja al productor de la mayor parte de sus ganancias. Ese despojo va acompañado, además, por la identificación del sector agrícola como un enemigo del gobierno, de modo que no se aplica semejante carga tributaria a otros sectores de la economía. Por ese motivo, el sector agropecuario sufre también prohibiciones a la exportación que, en cualquier país que contara con jueces independientes, hubieran permanecido en pie apenas unos pocos días. El hecho de que penosamente nos hayamos acostumbrado a las intervenciones del Estado no significa que resulte natural que un gobierno nos indique si podemos vender o no el producto de nuestro trabajo. Este es uno de los tantos ejemplos que podríamos ofrecer de asfixia a la iniciativa privada.
El desparpajo con el que el gobierno hace uso de los fondos públicos, sin control alguno, resulta –aunque buena parte de la ciudadanía no lo perciba así- una forma de opresión. Las nuevas tendencias en materia de derechos humanos incluyen entre ellos la posibilidad de vivir en una comunidad libre de corrupción. Esta visión no representa una sofisticación de la conciencia jurídica. La corrupción conspira en forma directa e instantánea contra el desarrollo de una nación. Los ciudadanos se ven privados, debido a ella, no sólo del derecho al progreso propio y de su descendencia, sino también del ejercicio de sus libertades esenciales; porque en un clima semejante, la burocracia |
