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Estado Fallido y Estado enemigo. Notas sobre la persecución institucional a los ciudadanos
Autor: Carlos A. Manfroni |
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ejercerse de muchas maneras y debe ser considerada en orden a las libertades de derecho natural que los ciudadanos reconocen acertadamente como tales en tiempos actuales. Esto no significa un relativismo historicista, sino que la conciencia jurídica de los ciudadanos respecto de los derechos que por naturaleza deben serles reconocidos se va afinando con el paso del tiempo. Tal es lo que ocurrió en los ’50 con la lucha por los derechos civiles, derecho al voto, no discriminación por cuestiones de raza, sexo, etc.
Hoy, pocos discuten en el mundo el derecho a la libertad de comercio que, en tiempos nada lejanos, figuraba en entredicho en buena parte del mundo occidental; y no sólo tras la Cortina de Hierro.
Pero también puede suceder lo contrario: que una sucesión no contrarrestada de abusos de poder, aun por parte de gobiernos democráticos, vaya disminuyendo la conciencia cívica de una nación y, con ella, su sensibilidad para percibir el carácter opresivo de los actos de su gobierno.
La opresión del “Estado enemigo” puede practicarse mediante encarcelamientos arbitrarios u hostigamiento sistemático contra un grupo definido de ciudadanos a quienes se identifica como enemigos, confiscación de la propiedad, asfixia de la iniciativa privada, restricciones a la libertad de expresión, limitaciones al derecho a circular, utilización de los fondos públicos en beneficio de algunos y en desmedro de otros, corrupción generalizada, avasallamiento de las autonomías locales, manejo permanente de los jueces por el poder político, etc.
No se trata de las injusticias transitorias que puede sufrir un ciudadano de cualquier nación en un momento particular, sino de una tendencia deliberada de las autoridades a obrar de determinada manera en perjuicio de ciertos grupos o en beneficio de otros o de los mismos funcionarios.
En la Argentina, padecemos todos y cada uno de los ejemplos de opresión que hemos señalado, hasta el punto que es difícil poner en duda que estamos en presencia y bajo el yugo de un “Estado enemigo”.
El Estado ha confiscado fondos del público mediante la apropiación de la totalidad de los recursos particulares que una porción numerosísima de la ciudadanía tenía depositados en las AFJP con el fin de asegurarse una jubilación conforme a su nivel de ingresos. La excusa fue la famosa “redistribución”; un eufemismo que encubre, casi |
