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Reflexiones
Autor: Nota del Director |
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ello con las herramientas que provee el sistema legal. Estas herramientas existen; falta no obstante la voluntad de aplicarlas con prudencia y equilibrio, pero también con decisión y convicción.
La perpetuación de esta situación no hace más que debilitar aún más las instituciones del país y la pérdida de respeto por la ley.
La destrucción del INDEC y otras vías
Desde esta columna hemos comentado el desmantelamiento del INDEC. Se ha llegado a una situación donde nadie en el país ni en el exterior confía en los índices oficiales, que además difieren notoriamente con los índices de precios de las provincias.
No sólo se distorsiona la inflación para intentar disimularla, sino que ello repercute en la otra serie de índices en las que repercute la medición de precios, como el PBI, crecimiento, niveles de pobreza, etc. De este modo no solo se oculta a la ciudadanía la realidad, sino que se priva al país de una herramienta indispensable para tomar decisiones económicas. Además, se afecta ilegítimamente a los tenedores de bonos emitidos por la República Argentina que se ajustan por inflación.
Nadie ignora que estas prácticas no son nuevas, sino que se arrastran desde hace ya varios años. Nuevamente, se evidencia una incapacidad total de las instituciones de corregir una corruptela que es evidente y aplicar la ley a los responsables de este abuso.
Para peor, la sociedad fue testigo de cómo las consultoras económicas que en el curso de su asesoramiento a clientes miden la inflación, fueron perseguidas y multadas por la Secretaría de Comercio, que invocó normas inaplicables para coartar la libre expresión. Afortunadamente, una comisión de la Cámara de Diputados decidió iniciar acciones legales penales por abuso de autoridad, mostrando una reacción institucional para poner límites a este nuevo abuso.
Utilización política de la justicia y otros organismos
También resulta frecuente el uso de la justicia y de diversos organismos como la AFIP, la UIF o la CNV, con fines políticos.
Abundan los casos donde la actuación de los jueces se aparta –a veces groseramente- de las normas legales y las garantías constitucionales más elementales, para perseguir penalmente a adversarios políticos, periodistas o titulares de medios de prensa independientes, o personas demonizadas por los autoridades o “caídas en desgracia”. En estos casos, resulta bastante evidente la utilización de estándares dobles conforme a la lógica del “derecho penal del enemigo”, en cuyo contexto el proceso penal está |
