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Reflexiones
Autor: Nota del Director |
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A la gravedad de lo descripto, se suma el hecho de las enormes necesidades que tiene la Argentina en materia de educación, salud y alimentación, para mencionar solo algunas, que podrían atenderse al menos parcialmente con esos fondos públicos ilícitamente desviados.
Una de las muchas preguntas que debemos hacernos es cómo y por qué se repiten estas situaciones que generalmente, más allá de escándalos circunstanciales que desatan, permanecen impunes.
Es obvio el fracaso no solo de la prevención y el control del Estado, ciertamente favorecido por el interés en mantener estas prácticas, sino también el de la justicia. Más allá de la lentitud y escasa eficacia de los procesos judiciales, es también sospechoso el sorteo y asignación de las causas judiciales. Además son públicas y notorias las presiones políticas que se ejercen sobre los jueces para neutralizar cualquier acción punitiva respecto de personas con funciones importantes en la estructura del poder estatal.
Para llegar a esta situación han contribuido muchos factores, entre ellas la modificación de la estructura e integración del Consejo Nacional de la Magistratura. A partir de la nueva ley aprobada en el año 2006, el Consejo fue convertido en un organismo que en el pasado contribuyó con las mencionadas prácticas de neutralizar la acción judicial vía amenazas de juicio político a jueces no complacientes, y que en la actualidad tiene enormes dificultades de actuar debido al peso excesivo que la misma ley la ha dado a los representantes de los estamentos políticos.
La propia Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial tampoco parece haber intervenido con siquiera mediana eficacia para intentar resolver las situaciones mencionadas.
Inseguridad y ocupación ilegal de espacios públicos
Otra manifestación del fracaso colectivo de los tres poderes del Estado, es el gravísimo deterioro de los niveles de seguridad que sufre toda la población, con un avance de la criminalidad y la violencia que no por ser negada por los funcionarios deja de ser real. Similar fracaso se evidencia en los múltiples ejemplos que vemos a diario hace ya casi una década, en la ocupación ilegal del espacio público, vía cortes de calles y avenidas, autopistas, rutas, acceso a aeropuertos y hasta puentes internacionales. A ello se suma el bloqueo a los accesos de plantas de diarios y fábricas, la destrucción de edificios públicos y privados, y la toma de colegios. Y todo esto sucede ante la más sorprendente inacción de los tres poderes del Estado, cuando no fomentado por el Poder Ejecutivo de acuerdo a sus intereses. No se trata de la discusión de política de “mano dura” versus garantismo. Se trata exclusivamente, pero ni más ni menos, de hacer cumplir la ley, prevenir delitos, hacer respetar el derecho de todos frente a los abusos de unos pocos, y |
