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Reflexiones
Autor: Nota del Director |
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enderezado a convalidar las apariencias de una condena anticipada o a privar de la libertad, mortificar y amedrentar con el proceso penal, o simplemente desacreditar a quienes son designados como objetivos políticos.
Algo similar ocurre cuando se recurre a organismos como la UIF, la AFIP o la CNV para perseguir o amedrentar, mediante investigaciones, sumarios, allanamientos, multas o iniciación de procesos penales, a las personas mencionadas o a empresarios identificados como merecedores de castigo por no ceder a la presión del gobierno. La gravedad de estas prácticas reside no sólo en el abuso de autoridad en que se incurre, y en usar el poder estatal para intentar silenciar la prensa independiente, sino en distraer los medios y la atención de estos organismos, en lugar de concentrarlos en los casos (algunos de ellos notoriamente graves) que requerirían su actuación y que paradójicamente parecieran pasar desapercibidos, como ocurrió con el descubrimiento en España de un avión privado que partió impunemente cargado de droga desde la Argentina. Similar preocupación generan algunas sanciones impuestas por la UIF que aparecen más bien enderezadas a “salvar” su imagen y evitar la imposición de sanciones por la GAFI debido a los reiterados incumplimientos del país en materia de “antilavado”, mientras que se omite o demora la investigación de denuncias como las del caso Schoklender que a la luz de la información existente hubieran exigido una actuación previa de este organismo. La reciente inclusión de la Argentina por la GAFI en la llamada “lista gris” por persistir en serias “deficiencias estratégicas” en materia de “antilavado”, constituye una triste confirmación de lo dicho.
Todas estas circunstancias, conducen a un deterioro institucional que afecta la vida diaria de los ciudadanos de muchísimas maneras. Basta pensar en la inseguridad física y la inseguridad jurídica, que sumado al desaliento de la corrupción, ocasionan estas deplorables prácticas.
La baja institucionalización también afecta el nivel económico de la población, porque el cuadro de situación descripto no contribuye a crear un ambiente atractivo para invertir, y así contribuir a mejorar los niveles de empleo y crecimiento.
No por casualidad los países más desarrollados tienen niveles de institucionalización mucho mayores que los de la Argentina, y en ellos el tipo de prácticas aquí descripto constituye más bien una excepción y no la regla como ocurre en nuestro país.
No obstante lo negativo del panorama, existe un elemento positivo de gran valor. Las sociedades pueden cambiar si se lo proponen y solo exigen a sus dirigentes. Esa oportunidad también está abierta para los argentinos.
El Director |
