22/04/2008 - Declaración Pública

Ante el reciente fallo de la Corte que ordena el juramento de un diputado.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al confirmar que la Cámara de Diputados carece de atribuciones para impedir que Luis A. Patti jurara como diputado nacional, y ordenar que éste asumiera el cargo para el que resultó electo, ha colocado en su justo término las cuestiones jurídica e institucional implicadas en tan grave asunto.



Recientes declaraciones publicas de voceros del oficialismo al afirmar que impedirán el ejercicio de su diputación al electo legislador impulsando ahora el sesgado recurso de su desafuero, a partir de la reiteración de su conducta, vuelven a poner en evidencia su real vocación de concentración de poder para construir y consolidar la hegemonía de su proyecto político. Ello, en desmedro del respeto de las minorías; opositores e, incluso, y tan grave aún, de los otros poderes del Estado, a quienes nuestra Constitución les ha asignado la función de controlar para la que han sido dotados legalmente en custodia de la división de poderes, consagrada como sustento de la protección de derechos y garantías individuales frente al abuso de poder.



Las Cámaras carecen de aptitud jurídica para constituirse en juez de un derecho individual cuyo reconocimiento reviste interés directo para quienes deciden, más aún cuando el fundamento de tal actitud refiere a la investigación de la presunta comisión de un delito calificado como de lesa humanidad, preexistente al propio acto electoral del que resultara erigido como diputado nacional. La convalidación de tal facultad, traería aparejada la injustificable asunción por las cámaras del Congreso de las facultades que expresamente la Constitución Nacional ha conferido al Poder Judicial.



La sanidad de nuestras instituciones y la vigencia del Estado de Derecho, en modo alguno pueden estar condicionadas a los prejuicios ideológicos e intereses políticos de la mayoría parlamentaria de turno.



Mas aún, no sólo resulta inaudito sino inaceptable que por imperio de tal postura hegemónica, se pretenda alterar la normalidad de la democracia, anulando lo decidido por cientos de miles de ciudadanos que hicieron su valoración de un candidato legalmente habilitado para participar en las elecciones, en las que finalmente resultó electo.

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