07/05/2015 - 7 de mayo de 2015

INADMISIBLES EMBATES CONTRA EL PODER JUDICIAL

La comunidad jurídica y la ciudadanía toda, asisten atónitas a un recrudecimiento del inadmisible embate que, desde la facción gobernante, se viene llevando a cabo contra el Poder Judicial y, en particular ahora, contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que constituye un atropello del Poder Ejecutivo en la vida institucional de otro poder del Estado.
Desde un tiempo a esta parte, los agravios a magistrados -de distintas instancias y jurisdicciones- han sido una práctica del oficialismo que ha venido agravándose peligrosamente.
Esas embestidas, se realizan en un contexto en que la propia presidenta en respuesta a la adecuada declaración del Dr. Lorenzetti en el sentido de que los jueces están para poner límites a los gobiernos, ha llegado a expresar que “el único control que admite la Constitución …es en definitiva, el control de los hombres y mujeres que ejercen la soberanía”, en desafiante desconocimiento del sistema republicano que reposa sobre la base de la división de poderes.
Y es con ese reprochable afán de someter al Poder Judicial, y ante el sonoro fracaso de las iniciativas dirigidas a dominar el Consejo de la Magistratura de la Nación, que se han impulsado nuevas estrategias a tales fines por vía de las reformas al Código Procesal Penal de la Nación que se pretenden implementar por intermedio de la circunstancial mayoría oficialista en el Congreso, las que evidentemente tienen como único propósito garantizar la impunidad de funcionarios, parientes directos o amigos del poder actualmente investigados.
Frente a este estado de cosas, el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, denuncia este accionar desestabilizador del gobierno nacional, que busca además ahora condicionar la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de cuestionamientos respecto de la elección de sus propias autoridades, de amenazas de juicio político a un probo magistrado como es el Dr. Fayt, o de proyectos de ampliación del número de miembros del más Alto Tribunal para incorporar jueces adictos, y del cual resulta, en definitiva, una severa afectación a la independencia de ese poder del Estado, y una evidente vocación por alterar el equilibrio republicano que consagra la división de poderes.

El Directorio

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