26/11/2014 - Declaración Pública

UNA PRETENDIDA REFORMA QUE ESCONDE SU REAL PROPÓSITO

Recientemente la Cámara de Senadores aprobó el proyecto del Código Procesal Penal de la Nación enviado por el Poder Ejecutivo.

Dicha iniciativa legal, que consagra el sistema acusatorio propugnado por la mayoría de la comunidad jurídica, termina en realidad devaluando esa metodología al reformar el sistema nacional de enjuiciamiento y, más bien, busca convertirlo en un obstáculo para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción perpetrados contra el Estado nacional.

Como principio para la ponderación de una cuestión tan delicada, cabe alertar que ningún sistema que se implemente podrá estar exento de suspicacias y sospechas acerca de la efectividad e imparcialidad en la tarea investigativa a cargo de los fiscales, en tanto el Ministerio Público Fiscal sea ejercido como una expresión de verticalismo institucional con los intereses del partido gobernante, y su gestión se oriente a obstruir las investigaciones vinculadas a temas de corrupción en el ejercicio de la función pública.

La circunstancia de que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal requiera de varias reformas legales complementarias y una legislación específica de implementación, no es un tema menor y pone de relieve que, en rigor de verdad, el ideario del proyecto hace foco en aquellas alternativas que –por vía reglamentaria– facultarían a quien ejerce la titularidad de la Procuración General de la Nación a, por ejemplo, burlar el sistema de turnos fijos de fiscales, a la creación de 17 cargos de fiscal de Cámara y a designar una dotación del orden de los 1600 cargos que, sólo hallan justificación en la necesidad de privilegiar el pensamiento afín como criterio de selección.

El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES exhorta, pues, a los diputados a rechazar las propuestas que, en particular, surgen del Anexo II del referido proyecto y, a partir de un debate parlamentario que sólo se inspire en el interés general, se inicie un proceso de análisis de la gran cantidad de iniciativas legales que dispone la Comisión de Legislación Penal de esa Cámara.

De consagrarse legalmente el proyecto de Código Procesal Penal impulsado por el Poder Ejecutivo, la sociedad argentina habrá profundizado su declinación al instaurar un sistema de cobertura procesal penal que permitirá cerrar el camino de la Justicia hacia el esclarecimiento y castigo de la corrupción pública.

El Directorio

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