18/02/2014 - Declaracion Pública

LOS JUECES NO DEBEN HACER POLÍTICA

El secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien juró como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura, formuló recientemente declaraciones públicas en las que expresa: “…Quiero que los jueces entiendan que tienen que dedicarse a hacer política, entendida como herramienta de transformación de la realidad. Así van a poder utilizar esa herramienta mejor. Quiero jueces con conciencia social…” Prosiguió: “…fomentar la conciencia social en los jueces es parte de ese proceso de democratización que es (….) un proceso histórico.” “…La democratización empieza cuando asume Néstor Kirchner y (….) diez años después, Cristina dice en Plaza de Mayo “vamos a democratizar la Justicia”…”

Las declaraciones referidas no deben atribuirse a un impromptu. Lamentablemente resultan una nueva expresión del pensamiento sesgado que refleja la raíz autoritaria de un propósito contrario a los principios más elementales de la Constitución, la forma republicana y democrática de gobierno. Un pensamiento que, deliberadamente, confunde los conceptos “mayoría” con “totalidad”; “política” con “omnipotencia” y “administración de justicia” con “abuso de poder”.

En oportunidad de declarar la inconstitucionalidad de la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación, Ley Nº 26.855, acertadamente sostuvo el Alto Tribunal que “…los jueces deben actuar en todo momento en forma independiente e imparcial, como custodios de estos derechos y principios a fin de no dejar desprotegidos a todos los habitantes de la nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos…” (CSJN R.369.XLIX)

Sin embargo, las designaciones formuladas por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura encarnan la expresión del relato oficial hegemónico y la perspectiva desfigurada de la realidad de la que se pretende consagrar un rito, no exento de marcado fanatismo. Resulta claro, pues, que el propósito central no es otro que el de intensificar la vía de hostigamiento a los magistrados independientes e imparciales en el ejercicio de su función, al modo en que lo viene haciendo la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con los integrantes del ministerio público fiscal.

Es inadmisible que se pretendan utilizar las instituciones de la República y de la democracia precisamente para subvertir sus fundamentos básicos y, en última instancia, atentar contra su propia esencia y existencia.

Es imprescindible que el Secretario de Justicia de la Nación, en su condición de Consejero de la Magistratura, sin más dilación, retracte sus dichos en relación al objetivo de su ejercicio como consejero de la magistratura de la Nación; en caso contrario corresponderá solicitarle su renuncia al cargo ante su manifiesta contradicción con la Constitución Nacional y el sistema republicano y democrático de gobierno que ésta determina.

El Directorio

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