16/10/2012 - Declaracion Pública

GRAVE CONFLICTO INSTITUCIONAL DEBE CESAR LA INTERFERENCIA DEL PODER EJECUTIVO SOBRE EL PODER JUDICIAL

El mentado concurso para la designación de jueces Nº 258 ha puesto en evidencia, una vez más, la reprochable intervención que procura ejercer el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial de la Nación. Los hechos dan cuenta de una desembozada acción oficial dirigida a que el Consejo de la Magistratura de la Nación se someta a las directivas del gobierno nacional.
El modo en que se ha pretendido definir el mencionado concurso mediante la promoción de jueces adictos al gobierno, de por sí es censurable y preocupante. Las notorias irregularidades a que ha dado lugar hacen ineludible requerir su anulación.
También debe señalarse la inusitada actitud asumida por el Ministro de Justicia de la Nación quien, en dos oportunidades en menos de una semana, concurrió a la sede del Consejo de la Magistratura y, en franco desmedro de la investidura de dicho cuerpo, desde el mismo recinto del plenario, ofreció conferencias de prensa en las que se permitió criticar la actitud de los consejeros no oficialistas y, a su vez, reclamarles que acataran la pretensión oficial en la designación de los magistrados que impulsa el Poder Ejecutivo.
Además de la inadmisible presión en el ámbito del Consejo sobre los consejeros de la minoría, de modo especial la ejercida sobre los doctores Recondo y Ostropolsky, el Gobierno a través del jefe de gabinete, reclama a la Corte Suprema que declare \"irregular y nulo\" el sistema que aplica la Cámara Civil y Comercial para designar a subrogantes y le pide que intervenga sobre el Consejo de la Magistratura para \"destrabar\" la selección de un juez que siga la causa abierta por la demanda del Grupo Clarín contra la ley de medios. Por su parte el Ministro de Justicia, también instó a la Corte a \"proceder a analizar la situación en el Consejo de la Magistratura\", porque –sostiene- cinco consejeros \"bloquean\" la elección de la terna de candidatos, lo que \"provocó que la Cámara Civil y Comercial Federal no tenga jueces institucionales”. A tal punto llega la presión ejercida que se denunciaría penalmente a los consejeros de la oposición porque no actúan conforme al interés oficial.
Los hechos demuestran que, con la reforma legal introducida a la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el equilibrio entre los estamentos que lo integran está absolutamente desbalanceado a favor del sector político oficial, y tal circunstancia ha alterado el carácter de la función técnica que debería exhibir el organismo. Peor aún, la crisis de credibilidad a la que se somete actualmente al organismo desde el gobierno, demuestra que lo que el Poder Ejecutivo busca no es la designación de un juez, si no de uno que de certezas de sentenciar como él pretende.
La reforma constitucional de 1994 apuntó a la recuperación de la confianza pública en su sistema institucional, con la intención –entre otras- de dar mayor transparencia en el nombramiento de sus jueces, mayor eficiencia en la remoción de magistrados respecto de los cuales se acrediten actos de inconducta y mayor confiabilidad en la administración de Justicia mientras los jueces desempeñan su función específica, que es la de resolver casos contenciosos que los habitantes del país le someten a su resolución.
Los censurables sucesos recientes, demuestran no sólo que aquel objetivo no se ha alcanzado sino que, además, se está produciendo un severo debilitamiento de la división de poderes consagrada en nuestra Constitución Nacional, que repercute especialmente sobre la independencia del Poder Judicial.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, exhorta entonces al gobierno nacional a que cese su indebida interferencia, tanto en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como en el accionar del Poder Judicial.
El Directorio

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