19/03/2010 - Declaración Püblica

No cesan las presiones sobre el Poder Judical

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advierte sobre la gravedad que reviste el creciente hostigamiento con que desde distintos ámbitos el oficialismo viene intensificando sus ataques al Poder Judicial y determinados magistrados que intervienen en causas sensibles a los intereses del Gobierno Nacional; circunstancia que, lamentablemente, ya hemos señalado en reiteradas oportunidades.

A este cuadro de situación, ahora se suma la sugestiva orden de detención del padre de la jueza María José Sarmiento dictada en una causa por supuestos delitos de lesa humanidad. En el ambiente político extremadamente sensibilizado que transita el país, este hecho no puede menos que vincularse con la actuación de esa magistrada en la causa por el uso de la reservas del Banco Central, a poco que se advierta que la misma, además, recibió dos denuncias penales por parte del Gobierno. En idéntico sentido se inscribe la reciente amenaza del senador Pichetto al juez Lavié Pico que acaba de resolver en favor del oficialismo la cuestión de la integración de la Comisión del Senado sobre los DNU, después de recibir una advertencia pública de que su conducta debería ser analizada en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Lo propio ocurre con el inaudito proyecto del diputado Alejandro Rossi al proponer que los jueces rindan examen cada cuatro años.



Es indispensable repudiar tales actitudes, señalando que lo que subyace tras este conjunto de actos, no es otra cosa que la sistemática acción de desgaste del oficialismo al Poder Judicial como uno de los poderes del estado, y, de manera específica, la constante acción intimidatoria hacia los jueces. Además de resultar contrario a las más elementales consideraciones del Estado de Derecho y los principios fundamentales de nuestra Constitución, estas conductas constituyen una peligrosa exacerbación del clima de crispación que se proyecta hacia toda la comunidad, y que pone en evidencia la dimensión de la crisis institucional que enfrenta nuestra República. En relación a ello la Corte Suprema tiene un rol trascendental como cabeza del Poder Judicial tendiente a tomar acciones que restauren el cumplimiento de la Constitución y sus instituciones.

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