11/11/2009 - Declaración Pública

GRAVE RESTRICCIÓN A LA DIVISIÓN DE PODERES

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el diputado del Frente para la Victoria, Juan Mario Pais, que, en la sesión de esa Cámara del pasado miércoles, luego de varios intentos para ser considerado por el pleno de ese cuerpo, casi inadvertidamente, logró ser aprobado. Dicha iniciativa legal intenta restringir la posibilidad de que los particulares obtengan medidas cautelares para frenar actos del Estado y de los organismos públicos, con lo cual les otorga más poder. El mencionado proyecto legal ya fue observado por este Colegio de Abogados a través de la presentación que ante el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación, Luis Cicogna, realizó el 13 de marzo del corriente.


Lo grave del referido proyecto legal es que desnivela a favor del estado el delicado equilibrio que debe existir entre las prerrogativas de la Administración y las garantías de los particulares, haciendo prevalecer la presunción de legitimidad del acto administrativo –que debe ceder cuando se alega fundadamente una nulidad absoluta- por sobre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora que tendría su ejecución para el particular peticionante de una medida cautelar.


El proyecto sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación, torna obligatorio el traslado previo a la administración de todas las medidas cautelares solicitadas contra ella por tres días –que en la práctica serán varios más- y además, obliga a solicitar la cautelar y esperar una decisión negativa o 15 días en caso que se esté tramitando un reclamo en sede administrativa, lo que en la mayoría de los casos se traducirá en un ritualismo inútil. Adicionalmente, la administración podrá alegar fundadamente que la suspensión provoca grave daño al interés público y dejarla así sin efecto la medida cautelar, haciéndose responsable de los daños sin la necesidad de contracautela alguna del Estado. Cabe señalar que ningún interés público autoriza a desconocer y brindar tutela judicial efectiva a los derechos de los particulares.


De aprobarse por el Senado el mencionado proyecto y convertirse en ley, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires señala con preocupación que, en detrimento de los derechos de los particulares, se estarían asimismo menoscabando potestades constitucionales propias del Poder Judicial para administrar Justicia, ya que se habría de cercenar al magistrado las facultades dispositivas e investigatorias que en la actualidad tiene para resolver este tipo de cuestiones, que según el proyecto en cuestión, de antemano es dirimido por el Poder Legislativo, a favor del Estado.

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