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El Consejo de la Magistratura emplazado a reformarse
Autor: Enrique V. del Carril |
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Consejo a fin de que no se caiga en el corporativismo cerrado de los sectores que actúan en el sistema judicial (jueces y abogados). Esa es la razón del equilibrio entre los distintos estamentos que exige el texto constitucional; se busca que ninguno de ellos tenga primacía sobre los otros y que las decisiones que, insisto, deben ser técnicas, se tomen con la colaboración de todos los estamentos.
Los políticos están en el Consejo de la Magistratura para representar a la ciudadanía en general frente al estamento propio de los actores del servicio de justicia, pero esa representación tiene por finalidad asegurar que en el proceso de designación y acusación no se tomen decisiones que puedan ser producto de intereses corporativos. Pero de manera alguna representan en el Consejo a sus partidos o sus ideologías. Este aspecto, que no ha sido aclarado en el texto constitucional, no fue tenido en cuenta en las leyes que se dictaron para organizar y reglamentar el funcionamiento del Consejo. Es más, la última reforma agrava la situación existente en la primera ley dictada y la consecuencia es que actualmente este órgano ha disminuido su función técnica sacrificada a la política partidaria, en la que actúan verdaderos “operadores” del gobierno y resultan en discusiones más propias del Congreso que de un organismo cuya finalidad es buscar la designación de los más capaces para los cargos de jueces.
Frente a las deficiencias de las normas constitucionales es importante que la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura afiance los principios antes señaladazos aclarando el texto de la Ley Fundamental. En este artículo se pretende aportar ideas con esa finalidad.
El Consejo de la Magistratura hoy es un “elefante en un bazar” porque ha sido configurado como una institución propia de un sistema parlamentario insertándolo en una Constitución de neto corte presidencialista cuyo modelo es el de Estados Unidos de Norteamérica donde la Justicia es un Poder del Estado. Este problema puede solucionarse con una buena legislación que lo encuadre como un organismo técnico y no político.
3. Conveniencia y necesidad de la reforma legislativa
A mi juicio, nos equivocaríamos si pensáramos que la composición del Consejo de la Magistratura es uno más de los diversos puntos que dividen a la oposición con el oficialismo. Ello puede llevarnos a un lamentable error que derivaría en nuevos parches y reformas de coyuntura en una institución que fue pensada para afianzar la independencia del Poder Judicial y sostener la confianza de la ciudadanía en sus jueces pero que, sin embargo, desde su creación no logró ese objetivo.
Considero que en la actual coyuntura política no puede perderse la oportunidad de dictar una buena ley regulatoria del Consejo de la Magistratura que contribuya a diseñarlo de forma tal que, al par de establecer un órgano novedoso lo armonice con el espíritu de nuestra tradición constitucional.
El hecho de que, en su arquitectura originaria responda a un modelo diferente a nuestra Constitución histórica, según lo expuesto en los puntos anteriores del presente trabajo, no lo descalifica de por sí. El propio Alberdi si bien propuso seguir el modelo |
