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EL “ESTADO DE DERECHO” HA DESAPARECIDO DE VENEZUELA
Autor: Emilio Cárdenas |
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Para la “Misión” de la IBA, las “interferencias y presiones directas que han venido sufriendo los operadores judiciales venezolanos por parte de miembros de otras ramas del Poder Público -empezando por el propio Presidente de la República, quien tiene un alto grado de influencia sobre buena parte del pueblo venezolano- socavan el Estado de Derecho, la división de poderes y, de manera más particular, la independencia judicial y la defensa de los derechos humanos”. Clarísimo, como para no tenerlo en cuenta.
También entre nosotros se están acumulando constantemente actitudes desaprensivas que parecen seguir el mal ejemplo de Hugo Chávez en lo que al desempeño del Poder Judicial se trata, lo que no es sorpresivo desde que la administración es la misma que sometiera al Poder Judicial al control del Poder Legislativo, especialmente en lo que a disciplina y ascensos se refiere, en la desgraciada reforma del Consejo de la Magistratura que fuera “operada” en el seno mismo del Congreso Nacional por la propia esposa del Presidente de la Nación.7
Además la “Misión” de la IBA señaló -con total precisión- que los “pronunciamientos públicos de diferentes actores atacando a los funcionarios de la Administración de Justicia por sus decisiones, el llamado al desacato de sus providencias o la destitución de los mismos sin procedimientos legales por las medidas que ellos han adoptado, entre otros aspectos, están erosionando gravemente la ya deteriorada credibilidad del Poder Judicial y profundizando la polarización política y social que vive el país”.
7. Véase: Emilio J. Cárden as y Héctor M. Chayer: “Corrupción Judicial. Mecani smos para preveni rla y erradicarla”, Ed. La Ley, 2005.
8. La “Misión” de la IBA comprobó que en Venezuela las organizaciones de derechos humanos y los defensores de los mismos son objeto de amenazas desde el Poder Público. El caso paradigmático es el de José Luis Castillo González, del Vicariato Apostólico de Machiques, que trabajaba a favor de los indígenas locales y fuera asesinado en el 2003. El propio Tribunal Supremo de Justicia, en su integración chapista, ha despreciado a las organizaciones de la sociedad civil, a los que calificó de “advenedizos” y a los que no considera como “legítimos representantes de la sociedad civil”, a menos que sean acólitos de Chávez, obviamente. |
