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EL “ESTADO DE DERECHO” HA DESAPARECIDO DE VENEZUELA
Autor: Emilio Cárdenas |
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Los jueces venezolanos no pueden todavía contar con sus propias asociaciones de magistrados, lo que contradice las normas internacionales vigentes en la materia, circunstancia que parece no interesar a un gobierno que evidentemente recela la posible acción conjunta de los magistrados. Esto pese a lo dispuesto en los “Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura” adoptados por las Naciones Unidas, que las permiten.
Los fiscales venezolanos son, en su gran mayoría, “provisorios”, lo que los expone a obvias presiones externas, que -por lo demás- son reiteradas.
Allí como aquí, entonces, desde el propio Poder Ejecutivo se reclama e instiga a los jueces que “sancionen” con rigor a quienes son los “enemigos” del régimen “chavista”, lo que es bien diferente de “sancionar o absolver, según corresponda”, en función de las circunstancias de los distintos casos individuales que deben ser decididos por los jueces.
6. Para dominar inicialmente el Tribunal Supremo de Justicia, Chávez recurrió a la remanida táctica de aumentar sus miembros. En este caso, de 20 a 32, sin razón operativa alguna que lo justificara. Los nuevos Ministros fueron, como cabía esperar, simpatizantes, sino militantes, de la propia fuerza política de gobierno.
Los “conflictos de intereses” son ignorados, por evidentes que ellos sean. El ejemplo más evidente -y grosero de esto es el caso de la propia Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, una conocida militante chavista, Luisa Estella Morales Lamuño, que sin renunciar a su cargo, ni pedir licencia al mismo, es simultáneamente Secretaria Ejecutiva de la Comisión Presidencial de Reforma Constitucional y Presidenta del más alto Tribunal de su país.
Hay todo un fuero que es la definición misma del escándalo. Se trata del contencioso-administrativo, donde, después de despedir a todos los jueces anteriores a su llegada y a sus substitutos, hoy todos los jueces son “provisorios” , esto es temporales, por lo que operan sin garantía alguna de estabilidad en sus cargos, lo que es particularmen te grave en el fuero en el que se ven tila nada men os que la conducta de la administración pública y de sus funcionarios.
En los concursos para llenar las vacantes judiciales, se utiliza extendidamente el llamado “examen psicológico” como un verdadero “filtro” para asegurarse que nadie ingrese a la rama judicial con una visión política diferente a la de la Administración Nacional.
Por lo demás, hasta ahora no se han instalado los Tribunales Disciplinarios previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no ha sido promulgada por el Ejecutivo.
Cabe destacar que los recursos de amparo y los de habeas corpus no se deciden sin o luego de dilaciones que promedian el año, desnaturalizándose de esta manera su naturaleza garantista. |
