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EL “ESTADO DE DERECHO” HA DESAPARECIDO DE VENEZUELA
Autor: Emilio Cárdenas |
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Para peor, amenaza con retirar a su país de la OEA, si sus organismos de Derechos Humanos condenan a su gobierno en el conocido caso del cierre de la independiente “Radio Caracas Televisión”, ejemplo flagrante del absoluto desprecio del gobierno de Hugo Chávez por la libertad de opinión, la libertad de prensa, y la libertad de expresión, a las que Chávez pisotea constantemente, sin mayores miramientos, como si la Carta Democrática Interamericana simplemente no existiera. Para Chávez un medio independiente es un medio opositor, que debe -por ende- ser silenciado, de la manera que sea.
Coincidentemente con esta actitud, absolutamente contraria al respeto de los derechos humanos y las libertades individuales, el gobierno de Chávez, recordemos, no votó la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas que dispuso la creación del actual Consejo de Derechos Humanos, en marz del 2006.
La situación particular de la Justicia venezolana
Respecto de la administración de justicia, las cosas lucen muy mal en Venezuela, pese a las recientes mejoras en materia de infraestructura del sistema judicial nacional.
Los salarios judiciales muestran diferencias significativas, casi abismales, entre los distintos niveles. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia perciben remuneraciones que son cuatro veces superiores a las de los miembros de los tribunales de apelación que les siguen en orden jerárquico. De esta manera es fácil comprar lealtades -y mantenerlas- al más alto nivel de decisión judicial, lo que es -cabe sospechar- un “seguro de impunidad”, que existe también en otras latitudes en las que, sin embargo, las condenables “lealtades” judiciales se aseguran con algo más de discreción y hasta de “elegancia formal”.
Desde hace ocho años, muchas de las normas centrales que regulan al Poder Judicial venezolano son precarias, por transitorias, razón por la cual ellas transmiten inestabilidad al sistema judicial en su totalidad, generando una suerte de “para-derecho” que deteriora inexorablemente las garantías procesales mínimas, incluyendo las de independencia e imparcialidad de los jueces. Por esto, la “Misión” de la IBA concluyó que el efectivo respeto de los fines y funciones del Poder Judicial venezolano “se encuentran hondamente afectados”. |
