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LA INDEPENDENCIA JUDICIAL PROTEGE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Autor: Patricio Petersen |
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En Misiones tuvieron la experiencia que los chaqueños quieren prevenir: la doctora Marta Catella, Ministra del Superior Tribunal de Justicia fue primero suspendida y luego removida a raíz de la denuncia formulada por el Intendente de San Vicente, Luis Benitez. En el juicio se le imputó haber incurrido en contradicción por conceder un recurso de nulidad contra una decisión previa del Tribunal, que había contado con su voto. En definitiva, se trató de un desacuerdo de Benítez respecto de conceptos vertidos en una sentencia judicial, cuyo contenido, por supuesto, se oponía a los intereses del oficialismo.
Como dijimos, es grave acostumbrarse a que los jueces puedan ser removidos por el contenido de sus sentencias. La consecuencia es clara: muchos magistrados no serán independientes ni en sus criterios ni en sus decisiones por temor a ser destituidos. Una vez más, ésta en la provincia de Misiones, se afectó la independencia del Poder Judicial, y por lo tanto se atacó al sistema democrático y a la seguridad jurídica del ciudadano.
Hace ya un tiempo, los medios de prensa también alertaron sobre otro caso en San Luis que, de ser cierto, destruiría de cuajo la inamovilidad, base principal de la independencia judicial. Al momento de ser nombrados, se haría firmar a los jueces provinciales su renuncia al cargo con la fecha en blanco. Por supuesto, este acto denota una clara conciencia de que la inamovilidad es efectivamente un mecanismo crucial para garantizar la independencia. Al eliminarla, permitiría a futuro contar con jueces permeables a la influencia del poder político provincial.
En el orden nacional, la sistemática búsqueda de cada presidente de nombrar a la totalidad, o al menos la mayoría, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha minado también la independencia judicial. Los mecanismos no han sido uniformes, ya que en las últimas dos décadas se ha recurrido tanto al recambio íntegro,en la presidencia de Raúl Alfonsín, como al aumento de sus integrantes de cinco a nueve, en la gestión de Carlos Menem. La presión pública y el juicio político para obtener vacantes por renuncia o destitución fue el caso de Néstor Kirchner. Los juicios políticos tuvieron como fundamento, en este último período, exclusivamente el contenido de las sentencias. |
