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Nuevo Código Procesal Penal: Advertencia y breve comentario
Autor: Hernán Munilla Lacasa |
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complementarias, y la discusión que ellas generen, ya se haya difundido ampliamente, y hasta tal vez estén próximas a sancionarse, o ya se hayan sancionado.
A decir verdad, estas normas debieron haber sido conocidas y debatidas en forma conjunta con el Código, porque la trascendencia de la reforma así lo requería. El apuro por sancionar limitadamente el Código Procesal Penal, pero sancionarlo al fin, empobrece la calidad del debate, sume en la opacidad las intenciones del Ejecutivo y contribuye a confundir la inteligencia y el verdadero alcance de las disposiciones, que deberán amalgamarse o complementarse con otras aún no dictadas. La conclusión es unívoca: nadie sabe aún si el nuevo Código, ya sancionado, es acertado, no lo es, o lo es a medias.
Veamos cómo se procedió hasta aquí. El oficialismo le dio un trámite sumamente veloz al texto aprobado. En efecto, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, manifestó oportunamente a periodistas parlamentarios: “nuestra idea es intentar aprobarlo la última semana de noviembre, antes del final de las sesiones ordinarias”. Si se toma en cuenta que el proyecto se trató en el recinto el 26 de noviembre, y que para hacerlo en esa fecha debió haber dictamen al menos siete días antes, el tiempo que tuvieron las Comisiones para discutir la iniciativa fue de sólo cuatro semanas.
Ya lo dijimos, la mayoría de los votos con que cuenta el oficialismo en el Congreso -honesto sería reconocer que así ocurre normalmente con cualquier gobierno que ostenta tal mayoría-, lo ha llevado a aprobar leyes clave con nulo o escasísimo debate; esto es, sin buscar consensuar cambios de fondo con las fuerzas de la oposición. En lo que a nuestro tema concierne, nadie puede discutir que una ley que modifica la forma de investigar los delitos en el ámbito nacional y federal es absolutamente clave.
Proceder sin debatir es, como sabemos, ineficiente; pero el mayor daño que provoca consiste en socavar la calidad de las leyes, por vedar el aporte de los demás sectores, y consecuentemente degrada la autoridad moral y la legitimidad de las leyes así sancionadas.
El Jefe del bloque radical de senadores, Gerardo Morales, cuestionó en su momento varios aspectos de la iniciativa, al tiempo que reclamó la discusión de una adecuada ley de Ministerio Público, la cual consideró previa e indispensable a la sanción del propio Código. Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Donoso Castex expresó, poco antes de
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