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Reflexiones
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(ix) La falta de claridad de la pericia informativa sobre la computadora del fiscal Nisman, y sobre el origen y alcance de los ingresos a su computadora supuestamente ocurridos horas después de su muerte. A ello se agrega la incapacidad –al menos hasta el momento- de los peritos de acceder a la información del teléfono celular del fiscal para identificar llamados, mensajes y eventuales eliminaciones de los mismos.
(x) El incremento del desprestigio de la Argentina en el exterior, donde no se comprende cómo puede haberse llegado a este estado de situación.
A todo ello se sumó el rápido archivo de la investigación judicial abierta por la denuncia del fiscal Nisman en relación a la firma del acuerdo con Irán, en base a argumentos jurídicos debatibles, pero sin tramitar investigaciones y prueba alguna de los hechos como hubiera ocurrido en una causa en que hubiese estado involucrado un ciudadano común. Los vaivenes en los tiempos judiciales que ocasionaron un cambio en el turno del fiscal interviniente que debía sostener o no ante la Cámara de Casación la apelación de la resolución que disponía cerrar el caso, y que derivó en que el fiscal finalmente interviniente no apelara, exacerbaron la percepción acerca de la falta de independencia de la justicia.
Este cúmulo de circunstancias agravó la pérdida de prestigio de las instituciones, incluido el Poder Judicial, y la falta de confianza en la independencia de los actores en este proceso. Esto es grave por cuanto sus implicancias trascienden el caso Nisman al afectar la credibilidad de la justicia, fiscales y cuerpos técnicos en general para otros casos: ya nadie sabe qué creer y en quién creer.
La situación es particularmente preocupante en el contexto de un país contaminado por la corrupción como comentáramos en números anteriores de esta revista, ya que pocas cosas más resultan propicias para asegurar la impunidad, por una parte, y para desalentar a la sociedad civil en sus reclamos de mayor transparencia, por otra parte, que la pérdida de credibilidad en sus jueces, fiscales y cuerpos de investigación.
No sólo no se están tomando medidas para intentar revertir esta situación, sino que pareciera que se acelera el paso en la dirección incorrecta.
Por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal recientemente aprobado, junto a las leyes asociadas a su implementación, surte el efecto, por un lado, de quitar poderes a los jueces para la investigación, el impulso y la terminación de los procesos judiciales criminales, y traslada esos mismos poderes a los fiscales, al tiempo que acrecienta la discrecionalidad en su nombramiento y asignación a los casos.
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