Reflexiones
El Fallo "Grupo Clarín": el derecho de propiedad y los derechos adquiridos
La presunción de inocencia y el delito de lavado de dinero
La aplicación de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras por parte de los tribunales de América Latina
Reflexiones sobre el fallo de la Corte en la ley de medios
La vigencia de las facultades delegadas por la Ley 20.680 de abastecimiento
Estudios del comportamiento. Psicología del litigio. Importancia y aplicación ante la hipótesis de conflicto
Abogacía Pro Bono desde el CACBA: ahora, los socios de nuevo
Declaraciones Públicas
 


Director de La Revista:
Dr. José A. Martínez de Hoz (h)

La responsabilidad por las ideas expresadas en los trabajos
que se publican corresponden exclusivamente a sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de la institución. Dirección Nacional del Derecho del Autor
N° 28.581 ISSN 0325-8955

  Página 153/156     
  Declaraciones Públicas
  09/08/2013 - Declaración Pública

REPUDIO ANTE LA AGRESIÓN A ABOGADOS EN EJERCICIO DE SU PROFESIÓN

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudia los actos de violencia sufridos por los abogados Damián Cassino y Nicolás Novoa, conjuntamente con el empresario Héctor Magnetto, a quien asistían profesionalmente en oportunidad de celebrarse una audiencia de mediación con el periodista de Victor Hugo Morales, previa a un juicio civil por daños y perjuicios.
El hecho es grave.
Las agresiones e insultos de que fueron objeto dichos profesionales y su cliente constituyen la expresión de conductas violentas que resultan inadmisibles y absolutamente incompatibles con el Estado de Derecho y la vigencia de las instituciones.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo de expresar sus expresiones de solidaridad y consternación para con los abogados agredidos en oportunidad del desempeño de la actividad lícita para la cual los faculta el orden jurídico y que representa un derecho humano inalienable de su representado, advierte que, en nuestro país, nadie debe ser objeto de persecuciones o discriminaciones en razón de su actividad, posición o pensamiento.
Este lamentable suceso ha irrumpido en la escena pública para evidenciar conductas que exteriorizan un profundo desapego por el orden jurídico y, con ello, de las más elementales garantías constitucionales.
Es un deber irrenunciable de las autoridades prevenir esta clase de conductas y castigar los casos en que ellas derivan en delitos.
Tanto la democracia, como el Estado de Derecho, para su plena vigencia requieren del respeto por la convivencia pacífica con la convicción de que esta debe constituir la expresión continúa de una conducta civilizada que no debe admitir ni tolerar esta clase de comportamientos.

El Directorio
Página 153/156