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Reflexiones |
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Es la primera vez que en la víspera del cierre de una edición de esta Revista, encontramos a la justicia atravesando por una situación tan grave, y a la par, ante una demostración de grandeza, integridad y heroísmo por parte de un grupo de jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal que preservaron su independencia y no se dejaron amedrentar por las presiones, difamaciones y amenazas del Poder Ejecutivo en su intento de manipular las decisiones de la justicia.
En el contexto de la disputa judicial del Grupo Clarín con el Gobierno por la Ley de Medios, el Poder Ejecutivo había diezmado el fuero Civil y Comercial Federal por vía de forzar en los últimos dos meses el apartamiento de 10 jueces de dicho fuero. Los instrumentos utilizados para obtener las diferentes renuncias y recusaciones, incluyeron denuncias penales y acusaciones públicas del propio Ministro de Justicia ante la pasividad de la Corte Suprema.
En vista de la inminencia de un fallo sobre la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios, el Gobierno recusó primero al juez de la causa que renunció a los pocos días; luego recusó a su sucesor y forzó la modificación del sistema de subrogancias hasta lograr el reemplazo de los renunciantes por un Juez que le resultara satisfactorio.
En forma casi paralela, el Gobierno actuó sobre la Cámara Civil y Comercial Federal que debía resolver sobre la procedencia de la prórroga de medidas cautelares solicitada por el Grupo Clarín. Primero, por vía de una serie de presiones públicas se forzó la renuncia del presidente de la Cámara y de otro integrante. Luego, se formularon denuncias penales y ante el Consejo de la Magistratura contra otros tres integrantes de dicha Cámara cuyo apartamiento transitorio se logró por vía de recusarlos para continuar interviniendo en el caso. Además, otros tres miembros de la Cámara prefirieron excusarse ante un contexto tan ríspido.
Para resolver las recusaciones pendientes, y ante el desmantelamiento de la Cámara Civil y Comercial Federal (dos jueces de primera instancia y ocho camaristas fueron apartados), se integró la sala que debía decidir primero las recusaciones y luego, en su caso, la procedencia de las medidas cautelares solicitadas, con integrantes del fuero contencioso administrativo federal. Éstos, sin embargo, rechazaron la recusación formulada por el gobierno contra dos de los camaristas. La reacción del gobierno fue inédita. Por una parte, el Ministro de Justicia presionó en una conferencia de prensa a los jueces con la supuesta existencia de un conflicto de poderes y una especie de “alzamiento” judicial. Por el otro lado, en una acción dirigida a evitar por cualquier medio un fallo de la Cámara sobre la prórroga de las medidas cautelares antes del 7 de diciembre, el gobierno recusó a la Cámara en pleno, por razones que ya habían sido desestimadas.
Rechazadas las anteriores recusaciones formuladas por el Gobierno por una sala integrada, como vimos, con dos jueces del fuero contencioso administrativo, los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal volvieron a asumir su competencia. Éstos rechazaron in limine las nuevas |
