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Reflexiones
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recusaciones formuladas a instancias del Ministro de Justicia por ser manifiestamente improcedentes al constituir una repetición de las anteriormente rechazadas, y prorrogaron la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín hasta el dictado de una sentencia firme en el caso.
Entretanto, en otro episodio ilustrativo de la crisis que sufre la justicia, los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal presentaron a la Corte Suprema, a través de su Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, un informe mediante el cual se pone en conocimiento de dicha Comisión la situación descripta. Por primera vez, vía dicha Comisión la Corte reaccionó con un duro cuestionamiento a las prácticas oficiales de interferencia con la justicia que viene repitiéndose: presiones, acciones penales y difamaciones contra los jueces, recusaciones seriales y dilatorias, demoras en la designación de jueces abusando del sistema de subrogancias, etc.
La saga aún no ha finalizado, y es de esperar nuevas sorpresas ante la realidad de un gobierno que desprecia la división de poderes a intenta “ir por todo”. Cualquiera sea el desarrollo posterior de los hechos, el daño ya causado al Poder Judicial y su independencia ha sido devastador. Nunca antes el país había asistido a una interferencia política tan masiva, desembozada y abrupta para modificar la integración de tribunales en vistas de la resolución de un caso que interesa a un gobierno.
Pero al mismo tiempo, la firme y valiente reacción de un grupo de jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal, que a riesgo de ser perseguido con más denuncias e intentos de remoción, ha puesto límites a las interferencias del Poder Ejecutivo, y trasciende por lejos el caso de la disputa sobre la Ley de Medios. Con su gesto de preservar su independencia, ese grupo de jueces ha impedido el avasallamiento y la destrucción final de lo poco que queda de la República y la independencia de la justicia.
Es también indispensable que la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial “asuma sus responsabilidades” para apoyar la conducta valerosa de estos y otros jueces que defienden su independencia del poder político y así preservar lo que aún queda de este poder como garante de la Constitución y las libertades civiles.
No obstante, el futuro inmediato luce preocupante. Es que este debilitamiento institucional constituye un terreno fértil para otros avances no menos graves sobre las libertades individuales.
Días pasados se conoció la existencia de un proyecto de ley que permitiría dejar de lado el secreto fiscal e informar públicamente la situación tributaria de aquellas personas que critiquen al Gobierno. También, en la última semana del mes de noviembre, el Congreso aprobó la nueva ley sobre el Mercado de Capitales. Esta autoriza a la Comisión Nacional de Valores a intervenir a empresas con desplazamiento de sus órganos de administración por un período de 180 días, con la mera invocación que ello se efectúa en protección de los intereses de accionistas minoritarios, en un trámite que no prevé sustanciación que garantice el debido proceso ni apelaciones ante la justicia. Huelgan los comentarios. Lo que es ahora absolutamente evidente, es la correlación |
