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Una Jornada Intrascendente: A propósito del debate en el Senado de la Nación de la ley de expropiación de YPF S.A.
Autor: Pablo Rueda |
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La propiedad privada o estatal de las empresas hidrocarburiferas no obsta a la consecución de objetivos extra-energéticos, como el crecimiento del empleo, los subsidios, políticas de inclusión, etc.
Usualmente la estatización del sector energético tiene que ver con políticas intervencionistas de los gobiernos en los restantes sectores de la economía. En otras palabras, la estatización del sector energético facilita la planificación de subsidios entre distintos sectores de la economía. Por ello, para entender estas políticas energéticas es necesario entender las políticas industriales y económicas y sociales vigentes. El senador Fuentes hace mención a estos supuestos beneficios de la expropiación: “La optimización de los beneficios por encima de la inversión y el endeudamiento, a los efectos de garantizar inversiones en otras áreas lejanas del país y rentables.”, y “… como miembro de una generación diezmada; como habitante de una provincia cuyos pueblos –Añelo, Rincón de los Sauces, Cutral-Có, Plaza Huincul y en la memoria de Tartagal, Orán, Comodoro – fueron desvastados como consecuencia de la acción depredadora de ese proceso de privatizaciones, …”; la senadora Labado (FPV-Santa Cruz) dijo: “Es decir que esta cuestión que hoy estamos tratando, reitero, viene a generar una nueva expectativa, en especial para la zona norte de mi provincia, la cual allá por 1992 casi vio a sus pueblos convertirse en ciudades fantasmas. Sin embargo, eso no fue así, porque hubo alguien que apoyó, que contuvo y que acompañó el desarrollo de esas comunidades a través de un Estado presente y protector. O sea, me refiero a la actuación, en aquel momento, del gobierno que encabezaba nuestro entonces gobernador y ex presidente de los argentinos, el doctor Néstor Carlos Kirchner.”
Estas demostraciones de buenas intenciones por parte de nuestros legisladores merecen dos aclaraciones.
La primera de ellas es que la responsabilidad principal de velar por la no depredación de la actividad no es de las empresas (sean estas estatales o privadas) sino del Estado. Esto no quiere decir que el Estado debe ejecutar y costear las medidas prevención socio-ambiental que disponga, sino que es su responsabilidad diseñar esas medidas y ejecutarlas u obligar a las empresas que las ejecuten. En el caso específico que menciona el senador, advertimos que el desarrollo hidrocarbirífero siempre genera otros desarrollos económicos, urbanos y sociales en las zonas en donde se localiza la actividad extractiva. Pueblos y ciudades enteras han nacido a partir de la existencia de actividad hidrocarburifera. Cuando la variable recurso natural no renovable se agota o se torna comercialmente inviable su explotación frente a otras alternativas, la actividad hidrocarburifera en el área respectiva debe considerar su relocalización si es que persigue un desarrollo energético en el largo plazo. Su continuidad en ese lugar se ve impedida por la variable Recurso Natural. Así, la variable Inversión será también afectada por la inviabilidad económica de la explotación y la variable Capacidad Técnica y Comercial por probable inexistencia de tecnologías que permitan continuar la explotación y el desaprovechamiento de recursos humanos en áreas improductivas. Por otro lado, la variable Sustentabilidad Socio-Ambiental será negativamente afectada por la interrupción de la actividad extractiva como bien señala el senador Fuentes. Pero donde yerra el Senador Fuentes es en asociar esta afectación de la variable Sustentabilidad Socio-Ambiental, con el proceso de privatizaciones o lo que es lo mismo, con el carácter estatal o privada de la empresa que operaba en el área abandonada. La responsabilidad primaria y principal de velar por la Variable Socio- |
