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Responsabilidad jurídica por quiebra material, institucional y defensiva de una nación
Autor: Carlos A. Manfroni |
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El reclamo de Filipinas, incluyendo daños y perjuicios, ascendía a 50.000 millones de dólares.
Tal petición se apoyaba en la Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, de los Estados Unidos, una ley más conocida como “RICO Act”, figura que presenta similitudes con nuestro tipo penal de asociación ilícita, generada fundamentalmente para la persecución de actividades mafiosas.
El gobierno filipino requería el sostenimiento de una medida cautelar sobre los bienes del matrimonio Marcos, hasta tanto la investigación sobre los delitos imputados llegara a su fin. A tal efecto, había aportado pruebas de la diferencia entre los ingresos declarados por Marcos durante los 20 años de su gobierno, que ascendían a 337.429 dólares, y documentación que demostraba la existencia de al menos 1550 millones de dólares en inversiones.110
Si bien los cargos principales se referían a supuestos hechos cometidos en Filipinas, el requerimiento apuntaba a las transferencias fraudulentas y al transporte de bienes ilícitamente obtenidos, a través de las fronteras de los Estados Unidos, en violación de varias secciones del Código Federal de ese país.
En la cuestión de fondo, la demanda sostenía que el propio gobierno filipino, mientras estuvo encabezado por Marcos, funcionaba como una empresa criminal.111 Agregaba que el presidente había maniobrado para retener su posición en el poder, a lo largo de 20 años, y que el daño provocado durante ese período era de tal gravedad que afectaba las condiciones generales de la economía de la República de Filipinas y de su pueblo.112
Un tribunal de primera instancia del Segundo Circuito hizo lugar a la presentación del gobierno de Filipinas respecto de la interdicción de bienes, pero el tribunal de apelaciones revocó la decisión argumentando la “doctrina de Estado”, recogida por legislación de los Estados Unidos, que confiere inmunidad a los jefes de Estado fuera de su territorio, por los actos llevados a cabo en funciones.
Los votos disidentes de la Corte de Apelaciones sostuvieron, en cambio, que los actos realizados por un funcionario público para su propio beneficio no son actos oficiales y, por tanto, pueden ser examinados por un tribunal.113
La mayoría replicó que la doctrina de Estado sería muy débil si las partes pudieran poner en cuestión la validez de los actos de gobierno mediante el simple ataque de los motivos por los que fueron adoptados.114 Más aún, con una argumentación que recuerda a la doctrina de Carl Schmitt al respecto,115 la mayoría agregó que Marcos aplicó la ley marcial y se manejó como un dictador, de manera que sería muy difícil para el tribunal encontrar un estándar para juzgar sus acciones, ya que un dictador es un legislador con
110 United States Court…; fallo citado: Background.
111 United States Court…; fallo citado: II. Probability of Success on the Merits18 United States Court…; loc.cit.
112 United States Court…; loc.cit.
113 United States Court…; loc.cit.
114 Ver: SHMITT, Carl. La Dictadura; Alianza Universidad, Madrid, 1999, donde el politólogo describe a la dictadura, a lo largo de la Historia, como una institución de excepción que suprime la división de poderes, no está limitada por constitución alguna y gobierna sin estamentos intermedios que limiten su acción. |
