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Reflexiones Por Nota del Director
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En el número anterior de esta Revista cerrábamos nuestras Reflexiones con la esperanza de que el resultado electoral del 28 de junio abriera la posibilidad de comenzar a corregir los graves desvíos institucionales que padece el país. También expresábamos la esperanza del inicio de una etapa de mayor consenso y menos confrontaciones.
Desafortunadamente nada de eso ha sucedido. Por el contrario, el matrimonio gobernante ha “apretado el acelerador a fondo” en su intento de conservar el poder, a cualquier costa. Ese “costo” son nuevamente las instituciones y la convivencia democrática que están siendo peligrosamente empujadas hacia un abismo del cual sabemos no es siempre fácil regresar.
Los ataques a la prensa y los medios periodísticos
El país asistió a un segundo semestre frenético en términos de agenda política enderezada a preservar el poder presidencial y de su entorno.
Luego de una puesta en escena del “diálogo” político que constituyó una evidente maniobra dilatoria, el país asistió a una andanada de ataques a la prensa y los medios periodísticos que se intensifica a diario.
La pieza más dañina por sus efectos institucionales de mediano y largo plazo fue la aprobación de la llamada ley de medios. No obstante su trascendencia institucional que justificaba un debate amplio y prolongado de modo de procurar la sanción de una ley que gozara de amplios consensos para asegurar su vigencia por un largo plazo, el Poder Ejecutivo impulsó en forma arrolladora su propio proyecto que con pocos cambios, logró aprobar en tiempo récord antes del cambio de composición en ambas cámaras legislativas que se produce este mes de diciembre.
La nueva ley amplía peligrosamente las facultades del Poder Ejecutivo sobre los medios no gráficos a través de la creación de la llamada Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que es controlada por el gobierno. Este organismo tiene amplias facultades de control, de regulación de contenidos e incidencia en la propiedad de los medios vía los mecanismos de adjudicación, renovación y cancelación de licencias.
Además, esgrimiendo argumentos antimonopólicos, la ley procura debilitar el periodismo no adicto, limitando el número de licencias de las que se puede ser titular, obligando a los llamados grupos de multimedios a desprenderse de varias de sus emisoras o señales. No dudamos de los beneficios de la competencia; sí en cambio preocupa que las limitaciones al número de licencias parecen estar dirigidas a debilitar a aquellos medios que se han negado a claudicar ante el Gobierno. También resulta una coincidencia poco feliz el plazo de un año para ajustarse al nuevo número admitido de licencias (más reducido) ya que favorece que en el año 2011, justamente un año de elecciones presidenciales, el Poder Ejecutivo pueda beneficiarse de un periodismo más debilitado. |
