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Ley de Reforma Política, Otro Proyecto a la Medida de las Necesidades del Poder de Turno Por Héctor Huici
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Una democracia tiene mecanismos para resolver los distintos puntos de vista que sobre una cuestión puede tener una sociedad. Esos mecanismos reconocen límites que la constitución impone, límites que fundamentalmente se imponen al gobierno y a las mayorías. Desde este punto de vista leyes que no infringen la constitución aunque se impongan por una diferencia mínima de votos, no son formalmente objetables.
La prudencia política y el sentido común nos hacen pensar que ciertas leyes básicas para la vida democrática y republicana, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con el régimen electoral y de partidos políticos o la libertad de expresión o reunión, sean la resultante de un consenso numéricamente importante de la sociedad y no la imposición forzada de una mayoría circunstancial, lograda a veces por la cooptación de voluntades por medios reprochables.
La votación de la pomposamente denominada “ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral” por parte de la Cámara de Diputados ha significado una nueva bofetada a los deseos de la inmensa mayoría de la ciudadanía que busca que haya consensos y más correspondencia entre lo que votó el 28 de junio pasado y la conducta de sus gobernantes.
Más allá del debate sobre si se debe facilitar o no la formación de partidos políticos y la proliferación de candidaturas, si el financiamiento debe ser privado o estatal, si las internas deben ser abiertas o cerradas, si los partidos deben o no tener el monopolio de las candidaturas, si la lista debe ser sábana o votarse por circunscripción uninominal, una ley tan fundamental para la vida democrática del país no debería ser sancionada sin un grado elevado de consenso y corriendo contra reloj para evitar su tratamiento por los nuevos representantes surgidos de los comicios de junio pasado. La leve mayoría a favor del proyecto en la Cámara de Diputados -133 votos- seguramente no hubiera sido tal el 10 de diciembre. Queda así una sensación de precaria victoria para unos y amarga derrota para otros y de frustración para la ciudadanía toda que contempla como el poder de la caja sigue forzando decisiones trascendentales para las instituciones del país sin otras miras que sus propios intereses. Aunque no se agote en ello, este es sin dudas, el mayor reproche que se le puede hacer a la ley: la falta de un importante consenso en torno a ella.
La realidad de dicha votación y del debate posterior en las comisiones del Senado pone una vez más en evidencia la gran falacia que acompaña el mensaje de |
