REFLEXIONES
LA DES(PROTECCIÓN) DEL CRÉDITO
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL PROTEGE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
EL “ESTADO DE DERECHO” HA DESAPARECIDO DE VENEZUELA
ALGUNAS NOTAS RESPECTO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL
EL DOMINIO DE LOS HIDROCARBUROS Y LA LEY 26.197
LA EXPORTACIÓN AGROPECUARIA Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA
LOS CONVENIOS CONTRA LA INTERFERENCIA ILICITA EN LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL
DECLARACIONES PUBLICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 


Director de La Revista:
Dr. José A. Martínez de Hoz (h)

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N° 28.581 ISSN 0325-8955

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  DECLARACIONES PUBLICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
  El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera su deber reiterar su preocupación por las repetidas y crecientes presiones a las que se viene sometiendo al Poder Judicial.

La semana anterior, expresamos similar preocupación ante los pedidos de juicio político a miembros de la Cámara de Casación por parte de organismos que impulsan causas penales contra integrantes de las Fuerzas Armadas por delitos cometidos en el contexto de la guerra contra el terrorismo en los años setenta. Nuestra preocupación estuvo centrada en que los pedidos de aceleración de esos juicios con amenazas de remoción eran respaldados por algunos integrantes del Consejo de la Magistratura designados por el poder político.

Se ha producido un nuevo hecho de inusual gravedad. En un discurso público el día 24 de marzo pasado, el Presidente de la Nación ha acusado a integrantes de la Cámara de Casación y ciertos fiscales de demorar el impulso de los juicios antes referidos, ha amenazado abiertamente con impulsar su remoción a través del Consejo de la Magistratura y ha reclamado “juicio y castigo” a los culpables lo cual implica, sin duda, presionar indebidamente a los jueces para que tomen una decisión acorde con la opinión del Poder Ejecutivo bajo la amenaza de destitución. A ello se agrega la insistencia del Ministro del Interior en pedir la renuncia del titular de la Cámara de Casación.

Estas nuevas intervenciones de seriedad extrema en sí mismas, se ven agravadas por la circunstancia de que el año pasado, mediante una reforma legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo, se modificó el número e integración del Consejo de la Magistratura que es el organismo en cargado de la designación y remoción de jueces, con el resultado
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