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DECLARACIONES PUBLICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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La reciente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a los jueces de Cámara de Casación Penal a quienes se atribuye el supuesto mal desempeño de sus funciones, con fundamento principal en la demora de la resolución en causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos, constituye una presión inaceptable sobre los magistrados que deben resolver una cuestión tan delicada y compleja.
Antes de ahora, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ya ha señalado que el sistema procesal penal enfrenta severas dificultades operativas, circunstancia por otra parte de público conocimiento que preocupa tanto a magistrados como a abogados. Esta situación se ha visto agravada, en treotros, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Casal” que, en sus efectos prácticos, ha impactado en el Tribunal de Casación, cuyos miembros ahora son cuestionados, provocando una verdadera congestión de causas pues ha ampliado su competencia, antes limitada a cuestiones de derecho, a la revisión general de todos los asuntos penales donde hay apelaciones.
Resulta evidente que esta acusación, realizada por los mismos querellantes en las causas que investigan los jueces denunciados, es una presión sobre la Justicia en la línea de la realizada por el Poder Ejecutivo Nacional al manifestarse abiertamente partidario con la condena de muchos procesados, en lugar de adoptar conductas moderadas tendientes a preservar la independencia de los Jueces.
El notorio colapso de la justicia en distintos fueros, en el caso el de Casación Penal; la participación mayoritaria del oficialismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y la subliminal -cuando no efectiva amenaza de juicio político sobre los magistrados, constituye un peligroso marco de referencia para el ejercicio de la magistratura judicial. |
