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REFLEXIONES
Autor: Nota del Director |
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Tampoco contribuyó a la independencia de la justicia el “escrache” del que fue objeto dicho integrante de la Cámara de Casación o las palabras de un diputado oficialista integrante del Consejo de la Magistratura en el sentido de “Al señor de los buenos modales que no se enteró de que hubo 30 mil desaparecidos, le pedimos que trabaje o deje el puesto”.
Lo grave de estos episodios reside no sólo en la intromisión en la actuación de la justicia en casos concretos, sino en una conducta, que se ha ido tornando habitual, que debilita al Poder Judicial y su capacidad de accionar en forma independiente. Es que el poder político eligió un tema particularmente sensitivo, como es el de las causas en que se investigan violaciones a los derechos humanos, para atacar a miembros del Poder Judicial. Pero el impacto real y más negativo de estos cuestionamientos es la percepción clara de que todos y cualesquiera de los jueces
podrán ser sometidos al escarnio público y a juicio político en la medida que contradigan los deseos y objetivos del poder político. Ello es claramente preocupante cuando justamente emergen investigaciones por hechos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Gobierno.
Es también preocupante el adormecimiento gradual que estos ataques al Poder Judicial van logrando. Salvo escasas voces de aireada preocupación y advertencia, incluyendo la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el FORES, y algunos destacados abogados o académicos, la sociedad civil en general no se hizo presente.
Lo alarmante no es sólo que el gobierno de turno concentre poder y abuse de su ejercicio, sino que el resto de la ciudadanía no reaccione debidamente haciendo sentir su voz, ya que ello contribuye a la sensación de debilitamiento y casi diría aislamiento, de quienes en la justicia se ven sometidos a presiones indebidas, lo que alienta aún más esta clase de acciones. Es de esperar que los pedidos de mesura y equilibrio efectuados por el Presidente de la Corte Suprema sean tenidos en cuenta por los funcionarios del Gobierno, y que los integrantes del Consejo de la Magistratura logren sobreponerse a las presiones políticas que se transmiten a través de los representantes del poder político en dicho órgano. |
