Reflexiones
EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO
CONTRACULTURA
LA SANCIÓN DE CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
EL ACTA DE MISIÓN EN EL NUEVO REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA CCI, 2012
EL DERECHO DE PROPIEDAD, EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y LOS INCENTIVOS PARA SU PROTECCION
Mediación prejudicial: evaluaciones pendientes
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N° 28.581 ISSN 0325-8955

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  31/10/2012 - Declaracion Pública: EL AVASALLAMIENTO DE LA REPÚBLICA, UNA INSTANCIA CADA VEZ MÁS PRÓXIMA

EL AVASALLAMIENTO DE LA REPÚBLICA, UNA INSTANCIA CADA VEZ MÁS PRÓXIMA

El Poder Ejecutivo está a punto de dar el golpe de gracia a la independencia del Poder Judicial.

La estrategia del Gobierno consiste en avanzar, en simultáneo, en todos los frentes posibles y hasta donde se lo permitan.

A tales fines, el gobierno ha implementado una ostensible campaña de presión, a medida del perfil de cada magistrado con competencia y posibilidades de intervenir en la causa Clarín, en la que se discute la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley de Medios.

A esta altura, es evidente que el Gobierno no busca un juez independiente para esa causa, sino que pretende la designación de un magistrado alineado con sus intereses y que, además y por sobre todo, garantice que fallará en su favor.

Como consecuencia de las manifiestas presiones del Gobierno ya renunció el presidente de la Cámara Civil y Comercial Federal, Dr. Farrell, y otro integrante de dicha Cámara el Dr Kiernan.
Se suman a la lista de jueces violentados e ilegítimamente presionados, que han debido tomar resoluciones personales similares, como es el caso del los jueces Tettamanti y Torti. Asimismo, el Gobierno procura ahora apartar u obtener la renuncia de otro juez de esa Cámara de Apelaciones, el Dr. de las Carreras por vía de acusaciones que el propio magistrado ha desmentido con claridad. A ello se agregan los constantes y públicos ataques a los integrantes del Consejo de la Magistratura que el Poder Ejecutivo no considera afines, como es el caso del Dr. Recondo, con el inocultable fin de obtener su renuncia o suspensión, a fin de procurar manejar el quórum a voluntad en dicho cuerpo, con la sola presencia de los integrantes del oficialismo. Más aún, se ha llegado al extremo de denunciar penalmente a los representantes de la minoría en éste órgano.

Uno a uno, los jueces naturales son violentados para interrumpir el ejercicio de su magisterio y dejar paso a la lista de conjueces, claramente oficialista.

En una República, el sistema exige el control y balance como requisito básico de la operatividad armónica entre los poderes del Estado. La Argentina, exhibe en este orden manifiestas debilidades.

Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no asume con convicción y firmeza una definida resolución en ejercicio de su responsabilidad institucional como cabeza del Poder Judicial, la independencia de la Justicia será definitivamente una declamación sin sustento alguno, y representará otra lamentable aspiración nacional insatisfecha.

De concretarse este avasallamiento institucional, el país transitará la senda del conflicto de poderes, con la forzada preeminencia del Ejecutivo, provocando gravísimas consecuencias institucionales y restricciones a las libertades individuales que, es indispensable evitar. Para ello, no puede soslayarse la indelegable responsabilidad que les cabe a los legisladores y, también, a los integrantes de la sociedad civil.

El Directorio
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