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Camino de servidumbre
Autor: Héctor Huici |
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exponerse a una represalia que puede derivar en un perjuicio cierto para la empresa negándole algún permiso discrecional de los que da el gobierno o enviando a la administración federal de ingresos públicos a husmear en su contabilidad. De un tiempo a esta parte, para aquel que públicamente se atreva a manifestar que no comparte las políticas oficiales, corre el riesgo de que todo el aparato del estado, amparado en una legalidad formal, se vuelca en su contra. En el mejor de los casos, el que disiente es marcado con la crítica stalinista de responder a los intereses de las corporaciones y de la antipatria.
El INDEC puede mentir impunemente a todos los argentinos y al mundo, pero aquellos que dicen la verdad a través de sus mediciones son multados o perseguidos penalmente.
El extenso y mal hilvanado discurso del Secretario de planificación económica Alex Kicillof en el Senado de la Nación en ocasión de asistir al debate en comisión de la estatización, o mejor dicho confiscación, de YPF es una demostración de que aquel empresario que no sigue al pie de la letra las instrucciones del Gobierno, más allá de que obviamente obre bajo la legalidad, se expone a la expropiación de su empresa y sin indemnización previa como marca la Constitución. En este sentido, los empresarios claramente han dejado de ser dueños de sus empresas para pasar a ser meros administradores que obran por cuenta y orden del Gobierno.
Pocos son los que tienen la valentía o como ha sido el caso de Aranguren y la empresa Shell de llevar las acciones ante la justicia. Además del silencio cómplice ante esta agresión y otras, muchos aplaudieron la estatización de las AFJP, después de que los ciudadanos optaran por permanecer masivamente en el sistema y más recientemente algunos avalaron la confiscación de YPF.
La justicia es lenta y muchas veces no llega. En otros casos es directamente un instrumento más de la política del partido en el gobierno. Los problemas no se resuelven con bonitos discursos del presidente de la Corte, sino hablando a través de sentencias contundentes que pongan adecuado coto a los excesos del estado. La Corte, a veces también confunde su rol: ella no está para participar de políticas de estado sino para juzgar su constitucionalidad, si es que aquéllas existieran.
Nadie obviamente dice hoy que el fin justifica los medios, pero ese adagio ha sido reemplazado por otro según el cual lo importante es la sustancia y no las formas. Viene por todo y vale todo. No existen cosas reprochables en sí, sino en función del interés que se defiende. Solo ello explica que una apologista de delitos de lesa humanidad como Hebe de Bonafini sea a la vez tratada como paladín de los derechos humanos.
Nadie hoy restringe expresamente el derecho de hablar a través de la legislación, pero sí se asfixia a los medios y sobre todo en el interior a través de la publicidad, oficial. Los apologistas del gobierno señalan en algunos casos lo irrelevante de este último ítem comparado con la publicidad privada (al menos en el caso de los grandes medios). Olvidan que lo público es de todos, no del partido, no de una facción y debe ser administrado con características muy distintas que lo privado.
A nadie se le impide ingresar y salir libremente del territorio nacional, pero adquirir las divisas necesarias para ello cada día se convierte en una misión más imposible. No hay un derecho a comprar dólares, sino un permiso que el gobierno levanta en función de |
